Pocas cosas hay tan irracionales, como bien señala la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), como la creación de leyes de autonomía presupuestaria para después violarlas de manera sistemática, tal y como acaba de ocurrir con la Ley de Autonomía del Poder Judicial y la ley General de Educación a propósito de la aprobación en el Congreso del Presupuesto Nacional, sobre todo si esas leyes solo tienen como propósito garantizar los recursos necesarios a las instituciones que se entiende fundamentales para el buen funcionamiento de nuestro ordenamiento democrático. Esa reiterada conducta gobierno tras gobierno ha provocado que la democracia dominicana viva en un permamente proceso de construcción y deconstrucción, pues desde el propio Estado, a través de quienes lo dirigen y los intereses a los que estos sirven, se conspira contra el fortalecimiento y consolidación de la institucionalidad sin la cual la democracia es tan solo una caricatura.

El dedo malo
Definitivamente, al dedo malo todo se le pega. Ahora resulta y viene a ser que el desorden del tránsito vehicular que se registra en el país es en gran parte responsabilidad del Código Procesal Penal, según el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMET), el mayor general José Fernández Fadul. El mandamás de AMET se queja de que sus agentes se empeñan en poner un poco de orden en ese gran caos cumpliendo con su deber al imponer multas a los infractores de la ley, pero que no pueden hacer más nada debido a la limitaciones que les impone ese instrumento jurídico. Fernández Fadul no explica, o la crónica del Listín Diario no las cita, cuáles son esas limitaciones ni hasta dónde le gustaría al general que llegue el poder y la autoridad de los agentes bajo su mando, pero sería bueno que de todas maneras los que llevan anotaciones añadan el caos del tránsito vehicular al memorial de agravios que arrastra, como un pesado fardo, el incomprendido y peor asimilado Código Procesal Penal.

Preocupación compartida
Ojalá que el gobierno haya podido poner atención, en medio de las altisonantes discusiones en torno al Presupuesto Nacional, a las preocupaciones que viene expresando públicamente el empresariado, a través de sus distintos voceros y asociaciones, por las funestas consecuencias que podría tener en el desempeño del gobierno, sobre todo en el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional, el temprano proselitismo que exhiben muchos de sus funcionarios. La preocupación de los empresarios no solo es pertinente sino que es compartida además por otros sectores de la vida nacional, que en medio de la incertidumbre que genera la aplicación de la rectificación fiscal quisieran ver a sus gobernantes concentrados en la sagrada tarea de gobernar bien y para todos, precisamente para lo que se les eligió, y no malgastando su valioso tiempo y los recursos de los contribuyentes en politiquería.