Los primeros detalles que se conocen del proyecto de ley que criminaliza el fraude eléctrico ha reforzado en muchos el convencimiento de que desde el propio gobierno se conspira para generar nuevos frentes de conflicto, en este caso los usuarios -grandes y pequeños- del sistema eléctrico, como si no fuera suficiente con una reforma fiscal que nadie desea y que inevitablemente menguará su capital político.

Ojalá que ese proyecto de ley, que prevé fuertes multas y prisión de hasta cinco años para los que incurran en el robo de electricidad pero deja en manos de las distribuidoras determinar qué es fraude y quién lo comete, no pase de ser un desagradable malentendido o una cínica burla al usuario. ¿Cómo no calificarlo así cuando hace tan solo unos días se escuchó decir al Superintendente de Electricidad, Francisco Méndez, que la entidad bajo su dirección no está en capacidad de hacer cumplir la Ley General de Electricidad en lo que respecta a la obligación de las distribuidoras de acredidar a sus clientes las horas de apagones ni obligarlas a ofrecer determinada calidad de servicio? Con una ley del embudo basta y sobra.

Sin regreso
Es evidente que ha llegado tarde la petición de Jaime David Fernández Mirabal de que se aplace para abril o junio la discusión sobre la candidatura presidencial en el PLD, pues el impulso y entusiasmo que mostraron, el pasado fin de semana, danilistas y reeleccionistas en sus actividades proselitistas en distintas provincias del país, son claros indicadores de que ya no es posible dar marcha atrás. Por eso han tenido carácter de urgencia la convocatoria al Comité Político que han hecho varios de sus miembros, pues tal y como están las cosas no hay más remedio que abocarse a definir la fecha de la convención que escogerá el candidato presidencial y definir las reglas que normarán esa competencia. Que el máximo organismo dirigencial peledeísta, integrado en su mayoría por gente que ya tomó partido por uno u otro bando, esté en capacidad de arbitrar ese proceso es lo que realmente preocupa a quienes, como Miguel Cocco, están conscientes de todo lo que se juega en tan peligroso trance el partido fundado por el profesor Juan Bosch.

Indignación
La sociedad dominicana ha reaccionado comprensiblemente espantada por el horrendo asesinato del Luis Fernando Rodríguez, suegro del comunicador Euri Cabral, pero igualmente indignada tras comprobarse que los acusados del hecho, sobre todo su autor principal, cargaban sobre sus espaldas con un amplio prontuario delictivo, es decir estaban sueltos y en las calles en lugar de estar presos, cumpliendo condenas y separados de la sociedad a la que agraviaron una y otra vez con absoluta impunidad. El gobierno ha gastado millones de pesos equipando a la Policía de mejores y más modernas herramientas conqué hacer frente al delito y a los delincuentes, pero es obvio que por más dinero que se gaste haciendo más eficiente el trabajo la Policía, o por más recursos que se inviertan diseminando por todo el país la experiencia de Barrio Seguro, no habrá plan de seguridad ciudadana que funcione mientras no consigamos que aquellos que violan la ley reciban el castigo que merecen por el crimen cometido, sobre todo cuando existe el agravante de la reincidencia.