El síndico de Santiago, José Enrique Sued, se quejaba ayer de manera amarga de la poca atención que en materia de obras públicas ha puesto el gobierno en la segunda ciudad más importante del país, poniendo a modo de ejemplo que las tres únicas obras que ejecuta -la avenida de Circunvalación, la carretera Santiago-Tamboril y la avenida Hispanoamericana- se encuentran paralizadas, probablemente por las mismas razones que muchas otras a lo largo y ancho del país: falta de recursos económicos debido a que la Secretaría de Obras Públicas agotó su presupuesto antes de que concluyera el año.

La frustración del ejecutivo municipal lo llevó a decir, incluso, que traspasaría gustoso tres de las principales obras que ejecuta el cabildo santiaguero al gobierno central con tal de que puedan ser entregadas en el tiempo prometido a las comunidades, como si supiera que la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que en los hechos de lo que verdaderamente se ocupa es de las obras de interés particular del presidente Fernández, no está expuesta a las debilidades presupuestales de otras carteras, como lo demuestra el hecho de que se diera el lujo de construir en un tiempo récord la extensión de la UASD en Higuey inaugurada por el mandatario esta misma semana. A quien Dios se lo dio…

Indiferencia
Entre las muchas hipótesis que se tejen intentando explicar la inexplicable insensibilidad del gobierno frente a las vicisitudes por las que atraviesa la OMSA, a la que ha recortado drásticamente el subsidio hasta dejarla en la más lastimosa indigencia, hay una particularmente maliciosa, pues sugiere que el gobierno la está dejando morir de muerte natural cerrándole el flujo de recursos que le permiten seguir operando, a fin de justificar la construcción del Metro de Santo Domingo. La hipótesis es, desde luego, inaceptable dado que resulta cuesta arriba creer que desde el Palacio Nacional se conspire de manera tan perversa contra un servicio vital para miles de ciudadanos de escasos recursos, pero igualmente difícil de aceptar resulta que la indiferencia de las presentes autoridades sea la que sepulte un esfuerzo que ha costado miles de millones de pesos a los bolsillos sin fondo de los contribuyentes dominicanos.

Falsos policías
Cualquiera pensaría que la venta y distribución de ropa militar y policial era un problema hace tiempo bajo control de las autoridades, pues su utilización por parte de los delincuentes hace tiempo que viene siendo un dolor de cabeza tanto para la ciudadanía como para la responsables de su persecución. No ha sido así, desgraciadamente, y no ha sido hasta esta misma semana cuando se ha escuchado decir al general Bernardo Santana Páez, jefe de la Policía Nacional, que se tomarán las medidas necesarias para controlar esa situación. Pero independientemente de lo que hagan las autoridades para impedir que ese tipo de vestimenta caiga en las manos equivocadas vale la pena señalar un hecho significativo, en el que ojalá hayan reparado los organismos de seguridad del Estado: los hechos delictivos en los que figuran delincuentes vestidos de policías se producen por rachas, uno detrás de otro en un corto período de tiempo, como si se produjeran gracias a una determinada coyuntura u obedeciendo a un propósito muy específico.