Aunque los ideólogos y constructores del Metro de Santo Domingo siguen fieles a su política de oídos sordos a las críticas y cuestionamientos a la controversial obra, honrando una práctica balaguerista que este gobierno ha hecho suya con inusitado fervor, no hay porqué renunciar al sano hábito de exigir explicaciones cada vez que esas críticas y cuestionamientos se entiendan pertinentes.

La denuncia del geólogo Osiris de León de que el costo del viaducto de Villa Mella se incrementó en RD$500 millones porque previamente no se realizaron los estudios para determinar la resistencia del suelo no merece, por sus implicaciones, que también se le ignore, pues al fin y al cabo se trata de recursos públicos, aportados por los contribuyentes a través de los impuestos que este gobierno cobra con feroz eficacia, aunque eso parezcan haberlo olvidado -o no les convenga recordarlo- el ingeniero Diandino Peña y el presidente Leonel Fernández.

El matatán

Quiere decir entonces que el tranvía que aspira construir el síndico de Santiago en esa ciudad como remedio definitivo al problema del transporte público de pasajeros corre el riesgo de no arrancar nunca, y todo porque el presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte, Gervasio de la Rosa, ha dicho que “bajo ninguna circunstancia” permitirá que el síndico José Enrique Sued lleve a cabo el proyecto. Es comprensible que obras como el Metro de Santo Domingo o el tranvía que se quiere construir en Santiago de los Caballeros encuentren la oposición de los sectores del transporte que serían desplazados, con los que hay que sentarse a discutir soluciones que atenúen los efectos de ese desplazamiento, pero en ese proceso de diálogo y entendimiento entre autoridades y munícipes de ninguna manera caben ni las amenazas ni los chantajes.

Gobernar por decreto

La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, aprobó ayer a unanimidad y en primera discusión una ley que permite al presidente Hugo Chávez legislar por decreto durante los próximos 18 meses, un dramático paso de avance en la consolidación de la dictadura con respaldo popular que el presidente venezolano se ha empeñado en llamar, de manera pomposa, Revolución Bolivariana. Chávez tiene ahora mano libre para suplantar un poder del Estado, el Legislativo, que se entiende fundamental en cualquier sistema político que aspire a merecer el nombre de democracia, pero también para gobernar por decreto, lo que ha sido de inmediato calificado por sus opositores como un “abuso totalitario”. La decisión de la Asamblea Nacional venezolana constituye, a no dudarlo, un pésimo ejemplo para el resto de países del continente, incluída -desde luego- República Dominicana, donde gobernar por decreto ha sido, lo reconozcan o no, una aspiración secreta de muchos de nuestros democráticos gobernantes, que no han dudado en utilizarlo como una amenaza que siempre tienen en la punta de la lengua cada vez que se alborota la veleidosa gobernabilidad.