Aunque la comisión especial que investiga las circunstancias en que murió el fiscal adjunto de Sosúa, Teódulo Ceballos Peñaló, ha descartado que exista un informe disidente sobre la forma en que ocurrieron los hechos, como publicó El Nacional, resulta evidente que la Procuraduría General de la República tiene en las manos una papa caliente que no sabe cómo manejar.

Es evidente, también, que esa comisión especial no ha podido reunir los indicios que permitan sostener la versión oficial de que el fiscal Ceballos se resistió al arresto disparando su arma, lo que provocó la balacera en la que murió, como tampoco han encontrado la forma de justificar la gran cantidad de disparos que recibió el vehículo en que andaba el funcionario, muchos de ellos salidos de armas de grueso calibre. ¿Dónde está la prueba de balística que demuestra que Ceballos Peñaló disparó su arma, hiriendo al oficial de la Policía que le habría ordenado detenerse? Con esa sola prueba bastaría para desmentir a la única testigo que contradice la versión oficial de lo que sucedió, lo que hubiera permitido que esa comisión concluyera su informe y se diera por cerrado el bochornoso episodio. Como eso, evidentemente, no ha sucedido, en la Procuraduría han preferido pasarse de mano en mano la papa caliente, como si esperaran un improbable milagro o no supieran que corren el riesgo de quemarse de muy mala manera.

La ley y la trampa

 Dicen que quien hizo la ley hizo también la trampa, y no hay que ir muy lejos para comprobarlo. El presidente Leonel Fernández acaba de prohibir, a través de un decreto, la venta de fuegos artificiales sin el permiso correspondiente, con el que crea también la comisión que se encargará de otorgar ese permiso, integrada por los titulares de las secretarías de Interior y Policía, Fuerzas Armadas, Salud Pública, Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Policía Nacional. ¿Qué pasará entonces con los 600 permisos, el doble del año pasado, que ha concedido el Comité Nacional de Emergencia a vendedores de fuegos artificiales, tal y como publicó ayer Clave Digital, sabiéndose que un decreto no puede ser aplicado de manera retroactiva? Esa es una interesante pregunta que solo podría responder quien emitió el decreto o los responsables de su cumplimiento.

Queja municipal

 No se trata de restar validez a ese decreto ni cuestionar su oportunidad y mucho menos sus propósitos, pero cualquier político mas o menos bien enterado sabe que las cosas no son tan fáciles de resolver en un país donde casi todo anda manga por hombro y cada quien quiere hacer lo que mejor conviene a sus deseos e intereses. Ayer mismo se quejaba Domingo Contreras, secretario general del ayuntamiento del Distrito Nacional, de que la Policía no está aplicando la disposición municipal que prohíbe la venta de fuegos artificiales en los espacios públicos, áreas verdes ni aceras, sea por desidia, falta de compromiso con los problemas municipales o simplemente porque no le da la gana. Eso significa que el cabildo, que carece de la autoridad y el personal suficiente, tiene que asumir una tarea que no solo le queda grande sino que garantiza también que el problema no se resuelva nunca. Y así, con decreto o sin decreto, este país no va para ninguna parte.