Un buen ejemplo del divorcio que existe entre la prédica institucionalista y modernizante del gobierno y sus acciones es su total desprecio por el principio de autonomía municipal, sin el cual es imposible construir el país moderno y próspero al que, por lo menos de la boca para fuera, dicen aspirar los actuales inquilinos del Palacio Nacional.

Ese desprecio acaba de hacerse patente, una vez más, con el establecimiento de una asignación mensual fija a los cabildos en lugar del 10% de los ingresos fiscales del gobierno, como lo indica la ley, pero los afectados no piensan quedarse cruzados de brazos mientras se produce el despojo. La Federación Dominicana de Municipios, que agrupa a todos los ayuntamientos del país, está preparando un plan de lucha, que incluye una marcha de síndicos y regidores al Palacio Nacional, en un esfuerzo por hacer que el gobierno reconsidere su decisión. Quizá no sea suficiente alboroto para sensibilizar a una administración que, cuando le interesa, cierra sus oídos a cal y canto, pero en lo que el hacha va y viene servirá al menos para poner en evidencia, tanto aquí como en los escenarios que propician los organismos internacionales, su doble discurso y su manifiesta incapacidad de acompañar sus prédicas con sus acciones.

Otro chisme barato

  Con el perdón de quienes consideran un chisme barato la discusión pública en torno a los incentivos especiales que reciben los jueces de la JCE, que la doctora Aura Celeste Fernández considera ilegal y que, por lo tanto, se niega a cobrar, permítasenos hacer constar en ese expediente la autorizada opinión del doctor Abel Rodríguez del Orbe, ex Procurador General de la República y veterano litigante de nuestros tribunales de justicia. Según el jurista los miembros del tribunal de comicios que han cobrado ese incentivo han incurrido en un acto de corrupción, por lo que deberían ser sometidos a la justicia por enriquecimiento ilícito y por dejar de pagar sus impuestos como todo buen ciudadano. Tal vez la cosa no sea para tanto como sugiere Rodríguez del Orbe, pero de ninguna manera tan poco como para reducirlo a un estéril chisme de comadres del que no vale la pena ocuparse y mucho menos prestarle atención.

No hay peor ciego…

  El jefe de la Policía Nacional, el general Bernardo Santana Páez, se trasladó personalmente a la ciudad de Santiago, donde residentes de varios sectores han decidido organizarse para enfrentar por sus propios medios la delincuencia que los azota, a fin de examinar sobre el terreno la situación denunciada y escuchar, directamente de los residentes de esos barrios, sus quejas sobre la escasa o ninguna vigilancia policial que ha permitido que el tigueraje se adueñe de sus calles. Santana Páez prometió a representantes de juntas de vecinos de Barrio Lindo, Zamarrilla y La Mina, entre otros, que aumentará el patrullaje y la presencia de sus agentes en esos sectores, pero no bien dio la espalda los delincuentes regresaron a su impune faena como reseñaron ampliamente ayer los principales diarios. Así de grave es el problema de la delincuencia -y la violencia que desencadena- en Santiago de los Caballeros, lo reconozcan o no los santiagueros.