Ha estado bien intencionado el propósito de dotar a los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) de unos pequeños expedidores  de gas que les facilitarían reducir a la obediencia a choferes o conductores que reaccionen con violencia a la aplicación del aparato llamado alcoholímetro que pronto entrará en uso.

 Las autoridades superiores prevén, con buen sentido e inteligencia, que ante un mecanismo de control desusado como este se presentarán actos de resistencia y que sería preferible que los guardianes del orden enfrenten a los rebeldes (sobre todo si están bajo los efectos del alcohol) con un arma “no letal” en vez de con balas. Y con balas han ocurrido muchos casos mortales que involucraron a los susodichos policías de tránsito. Cuando porten “spray” de pimienta no tendrán excusas para segar vidas. La sociedad tiene ahí todas las de ganar, en un país en el que la fuerza pública se ha movido en una cultura de permisividad para dispararles a los ciudadanos hasta para responder a la provocación de un insulto, y mucho más si se produce algún manotazo en su contra. El Ministerio Público no puede estar queriendo ser más papista que el Papa. Eso de que la aplicación del gas pimienta sería per se violatorio de los derechos de los conductores suena a fundamentalismo de algún fiscal que con su crítica hace más mal que bien. Dejémonos de idílicos pronunciamientos que no tomen en cuenta la realidad de que lo fundamental es evitar que los incidentes de tránsito entre conductores y policías conduzcan al uso de plomo.

¿Se oye o no se oye?
Historiadores y clérigos han mantenido, sin estridencias, una campaña para lograr que los carnavales dominicanos se programen, como en el resto del mundo, para haber concluido siempre  el día previo al inicio del período de cuaresma. También se aspira a que automáticamente las celebraciones patrióticas de los 27 de febrero estén desvinculadas del jolgorio de disfraces y comparsas en las calles. Nada se ha logrado aún. El disfrute carnavalesco  se cumple llueva, truene o ventee desde febrero en adelante, sin que importen la movilidad del Viernes Santo ni las solemnidades que se despliegan en honor a los fundadores de la República. En eso el país ha trillado su propio camino, pues a decir verdad los carnavales surgieron y se convirtieron en tradición en muchos sitios del mundo como una forma  de trazar cierta  frontera entre lo mundano y lo religioso. Año por año la Iglesia Católica y notables intelectuales que le son afines, salen a predicar en contra de que  aquí se siga reburujando celebraciones de índoles diferentes. Se supone que no sería ningún sacrificio poner cada cosa en un itinerario propio, pero los cultores de las carnestolendas no se dan por aludidos. Después de todo, el carnaval tiene una estrecha relación simbólica con el desenfreno. Ponerle límites resulta una tarea harto difícil.

Con sentido de inmunidad
Está réquete visto que en República Dominicana  no siempre la ley “pasa por casa”, como se dice la sabiduría popular para significar que aquellos que tienen la misión de aplicarla deben ser los primeros en respetarla. No es así.  El partido de líder Juan Bosch el hombre que tuvo como divisa firme llevar al gobierno de Balaguer a “su propia legalidad” durante los difíciles doce años aquellos debería velar siempre porque bajo su ejercicio del poder haya la mayor adhesión posible a tan justo propósito. Pero lamentablemente, en algunos organismos lo que manda es la conveniencia circunstancial a la hora de acogerse  a reglas y  es práctica frecuente que se atropellen mandatos fundamentales como los que fijan porcentajes presupuestales al sector  de la  Educación y al de los cabildos. Así también se  pasa por encima a la obligación de pagar a tiempo los aportes que corresponden  al Sistema de  Seguridad Social. No pocas entidades sociales del sector privado incurren en el mismo incumplimiento. Ni modo que así  ocurra en un país signado por los ejemplos negativos que se manifiestan desde el poder mismo. En nuestro estilo de vida el irrespeto a la ley desde la condición de servidor  público incluye la común prepotencia de quienes  creen que por el hecho de conducir vehículos de matrícula oficial no tienen que respetar las reglas de tránsito; a más de que durante años se ha  visto  el manejo temerario de autobuses de la Omsa, muchos de los cuales transitan sin placas, algo que está adecuadamente  prohibido para todo el mundo. Más que textos legales nuevos, lo que se necesita con urgencia en este país es la voluntad de hacer las cosas bien.