Durante su comparecencia, el pasado martes, al programa El Día que produce Huchi Lora, el economista Bernardo Vega formuló una serie de preguntas retóricas sobre el Metro de Santo Domingo dirigidas, fundamentalmente, a los responsables de su construcción, pero también a una opinión pública que debe mantenerse alerta frente a todo lo que acontece alrededor de esa obra.

Se trata mas o menos de las mismas preguntas que ha estado haciéndose mucha gente que, resignada al hecho de que el Metro e’p’lante que va, quisiera saber cómo va a manejarse su operación, quién le dará mantenimiento en un país donde esa palabra ha sido borrada del diccionario del gobierno, y más que nada cuánto le costará al Estado, es decir a los bolsillos de los contribuyentes, mantenerlo funcionando a través de un subsidio que los entendidos consideran inevitable. El director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), ingeniero Diandino Peña, tiene todas esas respuestas. Esperemos que les dé el uso correcto.

¿Cuál es el misterio?

  El director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), el vicealmirante Sigfrido Pared Pérez, acaba de confirmar que, en su calidad de secretario de las Fuerzas Armadas, recibió una carta del fiscal de Sosúa, Teódulo Ceballos Peñaló, en la que éste denunciaba la participación de miembros de la DNCD en las actividades del narcotráfico en la zona, y donde también le hizo referencia de una mascota, decomisada en un allanamiento, en la que figuraban supuestos pagos a miembros del organismo antinarcóticos a cambio de protección. Fue la existencia de esa mascota, según Pared Pérez, lo que lo convenció de la seriedad de la denuncia, por lo que envió de inmediato copia de la comunicación tanto a la DNCD, como a la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasó después? Ese es el gran misterio del que nadie ha querido hablar.

Rompecabezas

  Y es que cualquiera diría, dadas las circunstancias en que murió Ceballos Peñaló, y más que nada tras la publicación de los resultados de la investigación ordenada por la Procuraduría General de la República sobre su muerte, que sería relativamente fácil encontrar respuesta a esa y otras preguntas surgidas, precisamente, de esas indagatorias, pero curiosamente ha sido todo lo contrario. Ni en la DNCD ha sido posible saber qué pasó con esa y otras denuncias, entre ellas la que canalizó a través del asesor en materia de narcotráfico del Presidente de la República, el doctor Vincho Castillo, ni ha podido lograrse de la jefatura de la Policía Nacional una reacción a los cuestionamientos al trabajo de la Policía Científica que se formulan en esa investigación, pues en ambos casos sus voceros remiten a los periodistas a la Procuraduría, donde éstos se enteran que se trata de un caso que se considera cerrado. ¿Dónde encontrar, entonces, las piezas que faltan del rompecabezas? Es probable que la Suprema Corte de Justicia, donde la familia del funcionario acaba de depositar una querella contra todos los que participaron en la muerte de su pariente, los miembros de la comisión que la investigó y la jueza que autorizó su apresamiento, sea la última oportunidad que le quede al país de saber la verdad sobre lo ocurrido.