Según la Corriente Unitaria que encabeza, en el Partido Revolucionario Dominicano, la doctora Milagros Ortíz Bosch, toca al ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ganador por amplísima mayoría de la convención que lo escogió candidato presidencial por esa organización política, proponer las condiciones bajo las cuales se produciría su integración a la campaña proselitista del ex secretario de Obras Públicas, pues esa ha sido siempre la tradición desde que José Francisco Peña Gómez descubrió que las derrotas son menos amargas y más llevaderas si las heridas se restañan con un buen premio de consolación.

“Nadie se va a integrar por amor al arte; hay que hablar claro, con nombres, apellidos y compromisos”, se escuchó decir al ex senador César Agusto Matías en un momento del encuentro celebrado por los unitarios en el Club de los Legisladores. Qué tan claro será capaz de hablar Vargas Maldonado con los unitarios o a qué compromisos está dispuesto a asumir con tal de integrar todas las fuerzas del perredeísmo a su causa es algo que todavía está por determinarse, pero como el llamado MVP tampoco trabaja por amor al arte no hay que dudar que captó perfectamente el mensaje.

Explicación insuficiente

  Hay que reconocer los esfuerzos del fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, por justificar el “acuerdo de pago” entre dos atracadores y su víctima que permitió que estos salieran en libertad para posteriormente asesinar de dos balazos a un teniente de la Policía Nacional, pero desgraciadamente se ha quedado demasiado corto. El funcionario explica que el fiscal de Villa Mella tenía todo listo para el sometimiento a la justicia de los imputados, pero que las partes, atracadores y atracados, se pusieron de acuerdo y lo hicieron constar por escrito, utilizando a sus familiares como testigos, por lo que se vio compelido a aceptarlo como bueno y válido. ¿No existe la posibilidad de que la víctima haya sido obligada, por medio de amenazas o intimidación, a dar su anuencia sin desearlo realmente? ¿Está ese “acuerdo entre las partes” por encima del hecho incontrovertible y objetivo de que se produjo un delito sancionado por nuestras leyes penales, en este caso un asalto a mano armada? El fiscal de la provincia de Santo Domingo no tiene ninguna de esas respuestas, como ha tenido a bien reconocer, pero ha prometido investigar a fondo lo que pasó para ofrecer una explicación convincente, con todos los elementos a la mano, a la opinión pública. Esperemos que cumpla su palabra.

¿Cobrando peaje?

  Aunque gobierno y los ayuntamientos ya se pusieron de acuerdo, tras la reunión de la semana pasada en el Palacio Nacional, en torno al impasse surgido por la negativa del Poder Ejecutivo de entregar a los cabildos el 10% que le acuerda la ley, la situación dista mucho de ser color de rosas para los alrededor de 50 ayuntamientos y juntas de distritos, exactamente 116, de la region sur del país a los que la Liga Municipal Dominicana descuenta 200 mil pesos al mes, lo que consideran ilegal y abusivo. Como se trata de ayuntamientos pequeños y pobres ese descuento entraña una merma considerable de sus ingresos, por lo que piden al licenciado Amable Aristy Castro corregir la situación. Toca ahora al secretario general de la institución asesora de los ayuntamientos defender, con la ley en la mano, la validez y pertinencia de un cobro tan oneroso.