Qué se dice
¿Quién pagará la cuenta?

<p><strong>Qué se dice<br/></strong>¿Quién pagará la cuenta?</p>

El primer cuestionamiento que hay que hacer, porque se cae de la mata, al viaje de cinco funcionarios del gobierno a Europa, donde promoverán entre el peledeísmo disperso por el viejo continente la reelección del presidente Leonel Fernández, es sobre el origen de los recursos con los que se costeará. Ya lo han hecho editoriales periodísticos, la siempre vigilante sociedad civil, los partidos políticos de oposición y todo el que está convencido (dicen que once de cada diez dominicanos) de que ninguno de los que participa en esa romería política del otro lado del océano pagó ese largo y costoso viaje de su bolsillo.

Lo lógico, lo deseable, lo que corresponde hacer a un gobierno que respeta su propio discurso sobre la austeridad y la transparencia en el manejo de los fondos públicos es responder, cuanto antes, esos cuestionamientos, que se espera sea demostrando que esos recursos no provienen del erario. Nadie, desde luego, le va a creer una palabra, pero de eso solo es culpable la reelección.

Indiferencia

  El diputado perredeísta Marino Mendoza ha hecho una denuncia que bien merece que alguna autoridad le ponga atención: más de cien millones de pesos han ido a parar, en poco más de dos años, a las manos de las autoridades de los distritos municipales de El Puerto, Medina y La Cuchilla, de Villa Altagracia, sin que esas autoridades se hayan dignado siquiera echar una sola pulgada de concreto o de asfalto sobre sus calles. Esos recursos, según el denunciante, se los han repartido las autoridades edilicias de los tres partidos “sin excepción de nadie”, situación que ha sido puesta en conocimiento de las cúpulas de esas organizaciones que, por cierto, nada han hecho al respecto. Ante el panorama que pinta el diputado y también periodista la pregunta se hace inevitable ¿Dónde está la Liga Municipal Dominicana, institución rectora de los ayuntamientos? Es la misma pregunta que se ha hecho Marino Mendoza una y otra vez, sobre todo después de haber notificado a sus autoridades, al igual que a las de la Cámara de Cuentas, de lo que ocurre, y solo recibir silencio o indiferencia como respuesta.

Rebelión en La Vega

  Las fuerzas vivas de La Vega están preparándose y organizándose para echar el pleito contra la Procuraduría General de la República y sus pretensiones de rehabilitar, con una inversión cercana a los 50 millones de pesos, la vieja cárcel pública de esa ciudad, pues entienden que con la decisión, que nadie les consultó, se agravará un problema con el que vienen lidiando desde hace años y que quisieran ver resuelto de manera definitiva, como lo es el hecho de que esa cárcel, escenario frecuente de riñas y motines, está virtualmente en el centro de la ciudad, colindante con negocios tan poco apropiados para estar al lado de un recinto penitenciario como un colegio de párvulos y una armería, entre muchos otros. La verdadera vocación de esos terrenos, alegan, es la de convertirse en un gran centro cultural, que mucha falta está haciendo a la culta y olímpica, o para abrir allí una extensión de la UASD, pero ese sueño se desvanece a medida que avanzan los trabajos de rehabilitación de la vieja y oprobiosa cárcel, un monumento al terror trujillista y una fuente de perturbación permanente con la que tendrán que resignarse a convivir.

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