Todo pleito necesita un árbitro que, investido de autoridad y sentido de justicia, garantice que se respetarán las reglas previamente establecidas, pero si ese árbitro no existe, carece de autoridad o no se le considera legítimo, cualquier garata se convierte en un lío de impensables consecuencias y a Dios que reparta suerte.

Ha de ser por eso que ya en el PLD surgen voces como la del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor César Pina Toribio, urgiendo al Comité Político a que se convierta en árbitro de las aspiraciones a la nominación presidencial en la organización, temeroso -al igual que muchos otros dirigentes peledeístas- de que el escrespamiento de las pasiones de leonelistas y danilistas se convierta en una amenaza para la integridad de la organización y, por vía de consecuencia, también para el propio gobierno y sus aspiraciones de continuar al frente de la cosa pública más allá del 2008. Falta saber si el Comité Político está en capacidad de asunir esa responsabilidad o si ya es demasiado tarde.

Que se aclare

  Las circunstancias en que murió, según una testigo presencial, el fiscal adjunto de Sosúa Teódulo Peñaló Ceballos, ha hecho que se releguen a un segundo plano las acusaciones de que el funcionario judicial se aprovechaba de su condición para extorsionar personas a las que prometía eliminarles órdenes de extradición o captura de parte de la Interpol, lo que explica que fuese de la Procuraduría General de la República desde donde emanó la petición de que se le apresara y también que en la comisión de fiscales adjuntos y miembros de la Policía Nacional enviados a detenerle figurase un miembro del FBI. Si las cosas ocurrieron como las narró una periodista de Puerto Plata que acompañaba al funcionario al momento de ser emboscado solo puede concluirse que no había ningún interés, de parte de las autoridades, en apresarle. ¿Por qué darle muerte en lugar de detenerlo, interrogarlo y someterlo a la justicia? He ahí una buena pregunta para iniciar las investigaciones de lo que ocurrió y porqué ocurrió.

El reglamento

  Hay que saludar con beneplácito el anuncio de INDOTEL de que trabaja en la elaboración y puesta en vigencia de un reglamento que protegerá a los usuarios de servicios telefónicos de la publicidad engañosa o cualquier otra forma de promoción que no se corresponda con la verdad. Para afinar ese reglamento INDOTEL ha iniciado un proceso de consulta pública, que se extenderá hasta diciembre, a través del cual los usuarios, prestadores de servicios o cualquier persona interesada en las telecomunicaciones podrá expresar su opinión sobre el nuevo instrumento jurídico, cuyo proyecto ya fue publicado íntegro en varios periódicos de circulación nacional y se mantiene a disposición de todo el que quiera echarle un vistazo en el portal de Indotel. Dada la absoluta indefensión en que vive el consumidor dominicano, cualquier medida de protección que se adopte constituye, si resulta efectiva, un logro extraordinario, pues por algún lugar hay que empezar en lo que la Ley de Protección al Consumidor deja de ser un sueño largamente acariciado.