Familiares de uno de tres jóvenes masacrados salvajemente por una multitud que los pereguía luego de que, supuestamente, asaltaran a un sargento de la Policía Nacional, están demandando una exhaustiva investigación de las circunstancias en que murió su pariente, pues el muchacho, que según ellos se dedicaba al motoconcho, fue sorprendido por la multitud enardecida cuando llevaba a los otros dos jóvenes como pasajeros.

 Quienes han tenido la oportunidad de ver, gracias a las imágenes de la televisión, el acto de barbarie que acabó con las vidas de esos presuntos delincuentes se deben haber preguntado, en medio del horror y la consternación, cómo hemos llegado tan lejos o porqué están ocurriendo esas cosas en este país, pero esas son preguntas demasiado difíciles de responder tratándose de un problema tan complejo y, como se dice ahora, multicausal. Una cosa, sin embargo, puede darse por segura sin necesidad de esperar que los especialistas se pongan de acuerdo: mientras esos actos de barbarie sigan quedando sin sanciones van a seguirse repitiendo. Tan simple como eso.

Aquellos polvos
La reforma constitucional que con tanto afán promueve el presidente Leonel Fernández se enfrenta a su primer gran escollo y nada menos que en el Congreso Nacional, ante la negativa de los legisladores de oposición a dar su aquiescencia a un propósito reformador en el que han sido tratados como platos de segunda mesa. Ha bastado que el mandatario expresara, en el acto de clausura de las consultas populares, su deseo de que los legisladores respeten los resultados de esas consultas para que aflorara ese resentimiento, que no sólo ha calado en la oposición legislativa sino en los propios legisladores oficialistas. Siempre será un misterio porqué la Comisión para la Reforma Constitucional, que preside monseñor Agripino Núñez Collado, olvidó integrar a ese proceso a los legisladores, los responsables de materializar esa o cualquier otra reforma a la Carta Magna, sin que hasta ahora se sepa a qué atribuir la falta de delicadeza, como la llamó el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reynaldo Pared Pérez, al quejarse públicamente de que no se tomara en cuenta a los senadores. Aquellos polvos han traído estos lodos, y toca ahora cargar con las consecuencias.

Privilegio
 Hay quienes temen que, a pesar del alboroto provocado por los cuestionamientos de la doctora Aura Celeste Fernández al incentivo especial que cobran los jueces de la JCE nunca sepamos si es legal o éticamente aceptable si finalmente se impone el criterio de los que prefieren echarle agua al vino, y en nombre de la santa paz que debe primar en el tribunal de comicios se deje eso así como tantos y tantos atropellos a la institucionalidad perpetrados con propósitos menos nobles. Pase lo que pase, algo debe quedar bien claro: nunca se ha cuestionado el derecho de los jueces electorales, o cualquier otro funcionario público de similar investidura o categoría, a devengar un salario a la altura de las responsabilidades que se han puesto sobre sus hombros pero sí que se les exonere de pagar impuestos como el resto de sus conciudadanos, a quienes el sonriente pero implacable Juan Hernández tiene -literalmente- al coger el monte.