Empleados, profesores y autoridades de la UASD, encabezadas por su rector Roberto Reyna, se han puesto por fin de acuerdo, dando por zanjado el conflicto que amenazó con paralizar la docencia en esa academia por tiempo indefinido.

Es muy poco lo que hay que celebrar, sin embargo, tras la firma de ese humillante armisticio, a menos que se quiera aplaudir la intransigencia que le tumbó el pulso al rector y puso de manifiesto lo poco que importa a unos y otros el destino de los estudiantes. Pero no todo está perdido, pues tanto ASODEMU como FAPROUASD obtuvieron el trofeo por el que lucharon con tanto empeño, al punto de poner en riesgo la suerte del semestre: la formación de una aseguradora de riesgos de salud administrada por los propios gremios y las autoridades, que empezarán a formar tan pronto concluya el periodo de prueba de noventa días que se dio a la aseguradora cuya contratación desató una feroz guerra de intereses nunca antes vista en la más antigua universidad del Nuevo Mundo.¡Buen provecho!

A la espera
Al que parte y reparte -dice un conocido refrán- le toca siempre la mejor parte. Precisamente lo que pretenden hacer, según Participación Ciudadana, los partidos políticos con representación en el Senado de la República, empezando por el mayoritario PLD, en la Junta Central Electoral: repartirse, a su mejor parecer y conveniencia, sus nuevos integrantes. La advertencia del movimiento cívico no partidista coincide con la impaciencia que empieza a cundir entre distintos sectores ante el inexplicable mamoneo de los senadores, que se entiende han tenido tiempo de sobra para llevar a cabo su encomienda, lo que también alienta toda clase de conjeturas, algunas de ellas tan descabelladas como la que señala que el actual presidente de la JCE, el doctor Luis Arias, y otros tres jueces repetirían en sus cargos. No será hasta el próximo martes, cuando el pleno senatorial conozca el informe final que rendirá una comisión especial, cuando sepamos si el Senado honrará su palabra eligiendo jueces libres de cuestionamientos y contaminaciones políticas o si volverá a burlarse de una democracia que merece ser algo mas que una simple caricatura.

Se busca
De la que nos libramos. El empresario español Joaquín Alviz Victoria, propietario de la empresa a la que el Congreso Nacional rescindió, por considerarlo “oneroso”, el contrato para la expedición de la revista de los vehículos de motor, es considerado por la INTERPOL como el estafador más buscado del mundo según un cable difundido ayer por la agencia EFE. Acusado de dos fraudes millonarios en El Salvador, Alviz logró meter de gol ese contrato en el 2004, durante el gobierno de Hipólito Mejía, y ese mismo año fue aprobado por el Senado, donde quedó engavetado. Asumido en junio del 2005 por el gobierno del doctor Leonel Fernández, recibió tantas críticas que este se vio forzado a pedir su devolución a la Cámara Baja en septiembre de ese mismo año, lo que no impidió que los diputados lo colocaran en agenda el pasado 26 de mayo, junto a la controvertida isla artificial, y nuevamente en la sesión del 5 de septiembre, sin que nadie supiera explicar como llegó a parar a la agenda. Lástima que Alviz esté tan lejos para que nos aclare el misterio.