Ninguna autoridad, ni moral ni legal, ha procurado con responsabilidad y energía poner fin al perjuicio social que causa la rebelión que crecientemente incumple unilateralmente contratos para negar cobertura a gente de trabajo que paga religiosamente una protección que se esfuma como si no existiera ninguna ley ni mecanismo de Estado que proteja el derecho de los afiliados de las Administradoras de Riesgos de Salud.

Entre el Colegio Médico Dominicano y las entidades que costean a los galenos que ahora se niegan a asistir a quienes a ellos recurren, a veces de emergencia y en graves riesgos, no ha existido evidentemente un arbitraje basado en argumentos y reclamos de respeto al derecho a una asistencia debidamente pagada. Ha faltado una gestión abrazada a la prioridad de lograr la más rápida normalización de las relaciones entre profesionales de la medicina y los asegurados en atención a que son estos los únicos realmente perjudicados por lo que ya es una embestida en escalada contra los servicios aseguradores. Las ARS apenas se inmutan; y los rebeldes de batas y consultas cobran campantemente los honorarios de su mejor parecer con la discrecionalidad con que aplicaban los copagos. Simpre urge sanarse.

Un exitoso trato directo con los pacientes ha estado a todo dar nutrido por los gastos de bolsillo y lo único que hacen los liderazgos institucionales es llevar y traer mensajes entre las partes enfrentadas. A un callejón sin salida ha ido a parar el principal sistema asistencial.

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