El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, tiene ante sí grandes desafíos, si ha de ajustar sus acciones a las pautas que inspiran la nueva gestión del Presidente Leonel Fernández y que están dirigidas, según ha dicho en su discurso de asunción del mando, a restablecer la confianza en las instituciones del país.

En primerísimo orden, el Ministerio Público deberá hacer valer los preceptos del nuevo Código Procesal Penal, para lo cual requerirá un número apreciable de fiscales debidamente adiestrados, con los que no cuenta por el momento. Sería grave omitir aquí el dato de que la Policía Nacional y en varios ámbitos de la administración de justicia son violadas de manera recurrente las prerrogativas adelantadas mediante resolución por la Suprema Corte de Justicia, en diciembre del año pasado.

Domínguez Brito, que hizo un buen trabajo cuando fue procurador fiscal del Distrito Nacional durante la primera gestión del Presidente Fernández, tiene por delante la tarea de organizar el Ministerio Público con apego al nuevo Código y combatir, al mismo tiempo, una delincuencia y una criminalidad que tienen acorralada a la sociedad.

Desde sus funciones tendrá que aniquilar las fuentes en las cuales el delito se reviste de impunidad y que justifican los abultados índices de una reincidencia que no fuese posible si se aplicaran cabalmente las leyes. Son ingredientes de la crisis de confianza que hemos estado viviendo en los últimos tiempos.

-II-

La sociedad necesita que se combata el delito sin arbitrariedades pero con firmeza, y que la administración de Justicia esté exenta de ingredientes que permitan dudar de ella.

En ese contexto, habrá que suprimir ciertas prácticas policiales reñidas con las nuevas ordenanzas, y sustituirlas por la investigación seria y la búsqueda de indicios y evidencias que justifiquen el apremio corporal de las personas no sorprendidas en flagrante delito. Se requiere que los denominados «operativos» policiales pasen a la historia como ejercicio truculento y arbitrario de la autoridad, y que los desmeritados «intercambios de disparos» generen investigaciones serias, y castigo cuando se comprueben ejecuciones sumarias o abusos de autoridad.

En otro contexto del delito, al Ministerio Público le tocará lidiar con aquellos actos indecorosos que pudieren ser detectados en la administración pública y que son el pie de amigo de la desconfianza que ha mantenido en crisis a todo el país. Como nación somos suscriptores de convenios e interlocutores en importantes foros contra la corrupción, y hemos asumido compromisos que nos obligan a perseguir los delitos cometidos contra los bienes del Estado.

Definitivamente, hay que respaldar toda iniciativa del Ministerio Público que tienda, con apego a las leyes y los procedimientos establecidos por las mismas, a rescatar la confianza en el andamiaje jurídico del país. Como medio de comunicación independiente, que se debe a una sociedad asediada, damos al procurador Domínguez Brito un espaldarazo en sus propósitos de hacer valer la ley para propiciar el castigo del delito y la preservación de los derechos y la tranquilidad.