En la República Dominicana dedicarse a la política constituye un negocio muy lucrativo, en donde la finalidad ulterior, salvo los partidos mayoritarios, es agenciarse una buena suma de dinero en campañas electorales, en donde, si los dirigentes de esas organizaciones minoritarias debieran ganársela trabajando, de seguro emplearían gran parte de su vida y muchos ni siquiera lo lograrían.

Entregarle para ser dilapidados, cuatro millones y medio, que fue la suma menor que repartió la Junta Central Electoral entre los veintitrés partidos que tercian las elecciones, es premiar un accionar improductivo y altamente deprimente.

La Junta Central Electoral (JCE) al tener que reconocer cualquier agrupación, movimiento o partido político que deposite un mínimo de cien mil firmas, ha establecido un precedente funesto para la incipiente democracia nuestra. La JCE sólo se limita a verificar en cada caso determinado, la veracidad del documento presentado mas nunca ha confrontado esa relación de firmas con las anteriores depositadas por otros partidos, agrupaciones o movimientos políticos, porque de haberlo hecho, hubiese comprobado la repetición de firmantes entre los diferentes listados consignados para su reconocimiento.

Basta que una agrupación o movimiento respalde las aspiraciones de un partido que saque al menos un regidor, cuando son votaciones congresuales y municipales, o un cinco por ciento en las presidenciales, para que esa organización no pierda el reconocimiento de la JCE. Lo peor del caso es que ya en otras elecciones, algunos de esos minúsculos partidos han perdido su calidad y la JCE, con una facilidad pasmosa, vuelve a restituirle su legalización. De ese modo, se habilita esa entelequia, sin crecer y con una votación ridícula, en una honorable organización que tiene derechos adquiridos para participar de nuevo en un debate comicial.

En otros países, los partidos políticos deben agenciarse sus propios fondos para sus campañas políticas, en las cuales por supuesto, recurren a solicitar recursos a las grandes empresas, a comercios y personas simpatizantes con las causas y las propuestas que presentan. Así, de seguro no se echarían por la borda millones y millones de pesos en acciones tan insulsas y falta de creatividad como son los «bandereos» en las esquinas de las principales calles y avenidas de las ciudades más importantes.

Se calcula, en cerca de quinientos millones de pesos la cantidad de dinero que debe suministrar la JCE a los partidos reconocidos. Ese dinero sale, por supuesto, del dinero que los contribuyentes versan al fisco con la esperanza de que se lo devuelvan en obras reproductivas y beneficiosas para la comunidad. )En qué favorece a un ciudadano ese despilfarro de recursos en banderas, afiches, cruzacalles, etc.? )Está consciente la ciudadanía que con esa enorme suma de dinero destinada a financiar mítines, «caravaneos» o los provocantes «bandereos», se pueden hacer varias escuelas o un hospital?

No es un secreto, que los partidos políticos reparten bebidas alcohólicas, gasolina, gasoil, material propagandístico y hasta un «dinerito» entre los activistas y dirigentes que reúnen la mayor cantidad de acólitos, verdaderos «capitanes de vanguardia», capaces hasta de librar batallas campales enfrentando a los contrincantes a los cuales considera su enemigo. En estos enfrentamientos han perdido la vida y se han destruido vehículos y propiedades de personas que estaban ajenas a los acontecimientos y que por azar se encontraban o estaban próximas al lugar del desafío.

Somos de opinión, que la Ley Electoral debe ser revisada, en el sentido de que a los partidos políticos se les otorguen facilidades para desplegar su propaganda, así como, el facilitarle protección y vigilancia en los lugares en los cuales celebren sus encuentros. Pero nada más. Los fondos para su campañas, desplazamientos, o publicidad, tanto radial, televisiva o en los medios de comunicación escritos, deben ser generados por ellos mismos, sea haciendo rifas, vendiendo bonos o de cualquier manera lícita que la vivaz imaginación de sus líderes les ayude al acopio de recursos.

Los ciudadanos conscientes y que les duele el desarrollo del país, demandan que los recursos destinados por la JCE a los partidos políticos y que benefician sólo al segmento menos productivo de la sociedad, que sean dedicados a obras reproductivas, que en un país tan pobre como el nuestro, no se pueden dilapidar. (Qué cara nos esta costando la democracia!.