El Director General de Migración, Carlos Amarante Baret, no se encontraba en el país cuando se produjo el deceso de la señora Elisa María Payano en una celda habilitada por el organismo en el aeropuerto Las Américas, lo que no ha impedido que a su regreso al país acudiera al otro día tempranito a un programa de televisión a defender la actuación de sus subalternos en el triste suceso.

Debe ser debido a esa ausencia que el funcionario ignora que durante toda esta semana la empresa que ordinariamente ofrece servicios de limpieza y mantemimiento al aeropuerto Las Américas, por cuenta de AERODOM, estuvo trabajando en la limpieza y acondicionamiento de la celda para mostrarla a la prensa como un moderno «centro de detenciones», a la altura de los países civilizados, como pueden dar fe los periodistas de puesto en esa terminal a quienes se invitó el jueves en la tarde a ver lo bonito y presentable que había quedado aquello. Hay que ser muy cínico, para no decir otra cosa, para coger ese video y llevarlo a la televisión como prueba del acogedor lugar donde murió esa pobre mujer, como si la responsabilidad de Migración en esa muerte pudiera evadirse con solo cambiar el decorado del lugar donde ocurrió la tragedia. Definitivamente el licenciado Amarante Baret ha roto el «cachazómetro», un criollísimo artefacto que si no lo han inventado todavía habrá que buscar quien lo haga, aunque solo sea para poder medir el grado de insensibilidad que exhiben algunos de nuestros funcionarios públicos.

DNCD no fue informada

Tampoco es cierto, como dijo el funcionario en ese programa, que la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) fuera notificada de ese «arresto», pues según confió una fuente del organismo a este diario no fue hasta que la muerte de esa mujer salió en los medios de comunicación que se enteraron de lo sucedido. Según esa fuente, que no quiso abundar demasiado «para no echarle más bainas a Migración» (¿no les llama la atención que, hasta el momento, la DNCD no haya dicho esta boca es mía?), la forma en que fue detenida esa mujer no se corresponde con el protocolo que emplea el organismo antinarcóticos, que no solo tiene su propio perfil de los sospechosos a los que detiene sino que se cuida, siempre, de preservar la vida de las «mulas», a las que se obliga a expulsar la «carga» con el auxilio de asistencia médica especializada. Esa asistencia nunca existió, como lo demuestra la forma en que murió la señora Payán aunque ahora se quiera -a posteriori- acotejar las cosas, un esfuerzo que las autoridades de Migración deberían emplear, así sea por un elemental sentido de decencia, en determinar dónde fueron a parar los 800 euros y cien dólares que esa mujer llevaba en su viaje hacia ninguna parte.

Un problema de mercado

Doña Alejandrina Germán ha decidido aplicar, con respecto a las quejas que ya le empiezan a llegar de padres y tutores sobre alzas desproporcionadas en las tarifas de los colegios privados, el mismo librito al que recurrió doña Milagros Ortiz Bosch: pedirle a los padres que presenten quejas formales ante las autoridades educativas, que a su vez se encargarán de realizar las investigaciones correspondientes que determinarán si esos colegios han violado la ley que los dividió en categorías y los autorizó, consecuentemente, a fijar sus tarifas en función de esas categorías. El problema ha sido, antes y ahora, que Educación nunca ha podido lograr que los colegios respeten y cumplan esa ley de categorización, pero tampoco -a decir verdad- se ha empeñado demasiado . Y la razón es muy sencilla: tanto en tiempos de doña Milagros como ahora la educación privada se ha considerado un negocio en el que imperan las sabias reglas del mercado, por lo que cada quien pone el precio que considera le podrán pagar sus «clientes». Lo que falta, entonces, es que en un ejercicio de realismo y sinceridad se le diga a los padres y tutores que pongan a sus muchachos en los colegios que puedan pagar. Y sanseacabó.