Se debe dotar al mercado de regulaciones que fortalezcan la participación de las operaciones reguladas

Por: Mario Méndez

Dando voz a la impotencia, Mario Pérez explicaba que cuando recibió las llaves de su apartamento se sintió seguro de que, con mucho trabajo y con el ahorro de su vida, había hecho realidad su sueño, pero al otro día, 6 de octubre, cuando se dirigió a la que sería su vivienda, asomó la duda: el pechil no respondía al mandato de la espita.

A partir de entonces sintió una culpa que crecía con el transcurrir de los días hasta acercarse al estado de pánico cuando se enteró de los resultados de una investigación del Ministerio Público que daba cuenta de que él había sido una entre muchas víctimas de estafadores que se habían anidado en la Operación Nido para vender más de 300 apartamentos sin documentos legales.

Reducir el riesgo de que otros clientes del mercado inmobiliario caigan en la misma trampa, por falta de información y por carencia de regulación, es una tarea que el país debe completar, poniendo los candados que todavía hagan falta para impedir que la estafa pueda penetrar por las puertas del mercado hipotecario, de manera que solo pueda colocarse por una rendija imposible de detectar.

A esto podría ayudar el anuncio hecho por la vicepresidenta Raquel Peña de que el presidente Luis Abinader ha creado una comisión con el fin de enfrentar el problema.

Hay varios candados que se pueden poner.

El principal es el dotar al mercado de regulaciones que fortalezcan y hagan crecer la participación de las operaciones reguladas.

De ahí la necesidad de que se impulse la aprobación de una ley (en cuya elaboración se ha estado trabajando) para que el ejercicio de la condición de agente inmobiliario requiera de la adquisición de una licencia, que podría ser otorgada por el Colegio de Agentes y Empresas Inmobiliarios (pendiente de creación) o por una institución pública como el Ministerio de la Vivienda.

Quienes reciban esta licencia deben poseer estudios certificados en la en la materia, lo que ayudaría a reducir el riesgo al aumentar la confianza en los agentes inmobiliarios regulados, que ganarían participación, mientras que el mercado no regulado, por donde más fácilmente se cuela la estafa, la perdería.

La ley también podría crear un fondo (con aportes del sector privado regulado y manejado por este) para implementar una política de orientación contra la estafa, estableciendo canales a los que tengan acceso clientes para despejar dudas sobre ofertas recibidas.

Esto ayudaría a evitar que la falta de información haga caer a algunos en el mismo error de Mario Pérez y a la vez fortalecería al mercado regulado, haciendo más rentable su inversión.

Asimismo, pudieran seguir fortaleciéndose los incentivos a los crecientes fideicomisos inmobiliarios (en el país ya hay más de 300), pues por los altos niveles de transparencia con que operan son un valladar contra la estafa.

Soñemos con el día en que los fideicomisos inmobiliarios se constituyan en el mayor ofertante de viviendas porque ese será el día en que una estafa constituirá un hecho extraño en el mercado inmobiliario del país.