Convivir en República Dominicana cada día que pasa se hace más difícil, porque existen muchas leyes para el ordenamiento del Estado, pero cada funcionario hace de las mismas lo que le dé en ganas, violan la Constitución, modifican los preceptos legales, con normas internas inventadas para recaudar más y ganarse el aprecio de su Presidente, pero burlándose de los ciudadanos, atropellándolos y haciéndoles la vida insoportable con sus manejos ilegales y abusivos.

De igual manera y con mayor desprecio tratan estos inhumanos ciudadanos a los envejecientes que buscan el amparo y la ayuda del gobierno, negándoles atención y a veces hasta sacándoles de las oficinas estatales, cuando esos envejecientes  merecen respeto y consideración, como lo establece la Ley 352-98, la cual se viola hasta en las oficinas privadas y en los hospitales.

Esto seguirá sucediendo en el país hasta que todos los dominicanos, unidos en un solo cuerpo, enfrentemos aquellos que nunca han querido cumplir con lo establecido por la Constitución y la ley de referencia. Cuando suceda ésto, entonces nos llamarán facinerosos, delincuentes y otros tantos epítetos, pero la razón tendrá que imponerse, pues las bases institucionales tienen que prevalecer porque por razón de edad, nadie  debe ser humillado por su condición de desamparado o que no pueda valerse por sí mismo.

El artículo 10, párrafo I, de la Ley 352-98, es muy clara: “Todo(a) envejeciente tiene derecho a recibir tratamiento médico y los medicamentos que requiera de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y demás instituciones”, etc.

Por consiguiente, es necesario que todos los envejecientes debemos unirnos y defender  los derechos que las leyes nos otorgan. Los políticos en el poder y en la oposición están obligados a hacer cumplir la ley de protección al envejeciente, que somos más de 1,100,000, y dejar la cháchara en que viven ensimismados y hacer verdadera democracia con honestidad.