En cualquier aspecto, el reclamo de un derecho tiene que ser sostenible y apegado a la verdad. De otro modo, los argumentos de reclamo pasan a un casillero que nada tiene que ver con los derechos. En el caso que nos ocupa estamos haciendo una alusión a los partidos políticos que ahora acusan a la Junta Central Electoral (JCE) de actos que favorecerían al partido en el poder en lo concerniente a resultados de las elecciones congresuales y municipales.

Todo el andamiaje de las elecciones ha sido armado con la aprobación de los partidos que tienen representación en la JCE. Las facultades de este organismo son conocidas de sobra por los grupos políticos. Cada partido acreditó delegados en los colegios electorales y la validación de las actas de votación no pudo haberse hecho sin su firma o aprobación. De otro lado, los partidos han elogiado la organización de los comicios.

No tiene asidero que ahora, porque los resultados electorales no les favorecieron, algunos partidos pretendan echar sobre la JCE la culpa de que fallaran sus estrategias electorales o de que no contaran con la aceptación de la mayoría de los votantes. La Junta ha pasado con buenas calificaciones la prueba de hacer exitoso este proceso electoral. Si alguien tiene prueba en contrario que la presente. Si no, que dejen tranquila a la JCE.

Por menos trabas a la inversión

Una tendencia generalizada entre los países que tratan de impulsar el desarrollo es la de simplificar trámites y procedimientos. Aquí hemos avanzado bastante en ese aspecto, y lo prueban la agilidad lograda por la Dirección General de Aduanas, la Oficina Nacional de Propiedad Industrial y otras agencias oficiales. Mucha ha sido la inversión, local y extranjera, que ha resultado atraída gracias a la facilitación en el procesamiento de trámites.

Pero todavía hay rezago en organismos  oficiales, en perjuicio de la inversión. Por ejemplo, la Compañía Dominicana de Teléfonos (Codetel) afirma que el año pasado dejó de invertir alrededor de US$50 millones en obras de infraestructura por trabas  burocráticas de ayuntamientos y el Ministerio de Medio Ambiente. Es un contrasentido que esto ocurra en un país que necesita fomentar la inversión y debe facilitar el comercio. Ventanilla única y simplificación debe ser la consigna.