La crisis del sector eléctrico, un problema con más de cuatro décadas, representa un pesado lastre a la competitividad de los sectores productivos, por el alto costo de la tarifa y la necesidad de contar con un sistema de generación paralelo, también el subsidio eléctrico, o el subsidio a los que no pagan el servicio, se ha convertido en una insoportable carga fiscal.

No es accidental que en la Estrategia Nacional de Desarrollo se identifique a éste como uno de los principales problemas del país y se contemple un Pacto Eléctrico.

La historia es la misma, pero hay que dividirla antes de la capitalización, donde el común de los ciudadanos atribuía los apagones a los gobiernos y a los Administradores de la CDE por no invertir a tiempo en mantenimiento o nuevas plantas, y posterior al 1996, donde se crearon condiciones para que el sector privado invirtiera en generación y entonces mejoró la oferta, sin embargo la crisis ha seguido hasta nuestros días porque ninguna industria  es sostenible cuando una parte importante de lo que produce, en este caso la energía, no sea pagada por los usuarios.

A partir de 2004, con la mejoría en el servicio y el aumento sostenido en los precios mundiales del crudo, hemos visto cómo el subsidio eléctrico ha aumentado progresivamente desde US$68 millones (agosto-diciembre 2004) a US$514 millones en 2005; en 2008 por el choque petrolero ascendió a US$1,118 millones, en este 2012 podría superar los US$1,200 millones y para el año próximo la Ley de Presupuesto del Estado contempla una partida de US$1,050 millones.

Desde agosto del 2004 hasta el 2011 este país ha dedicado recursos presupuestarios por un monto cercano a los US$5,175 millones para subsidiar a los usuarios que no pagan el servicio o que subvaloran la factura y para mantener encendido una industria cuya matriz de generación en más de 50% depende del petróleo, con unos contratos amarrados por los “Acuerdos de Madrid”, una tarifa cara y un servicio malo a los que religiosamente pagamos la factura.

Con el sistema eléctrico del país se ha hecho de todo. Desde semi-privatizar la generación, hasta extender en el tiempo los contratos; desde entregar la distribución a empresas extranjeras, hasta estatizarlas de nuevo, colocando ora gerentes extranjeros, ora gerentes locales. En dos acuerdos con el FMI la reducción del déficit eléctrico y la mejoría del CRI fueron metas trimestrales inalcanzables, a pesar del exitoso cumplimiento de las fiscales y monetarias. Por supuesto esta industria ha engrosado infinidad de bolsillos públicos y privados.

Han transcurrido varias décadas y varios gobiernos y el problema es el mismo o peor. Peor porque estamos condenados a un ajuste tarifario y a seguir subsidiando  en dólares, entiéndase con endeudamiento externo, recursos que  bien podrían dedicarse a la salud, a la educación, infraestructuras y hasta a la construcción de plantas más eficientes, redes e instalación de contadores.

El problema es tan grave que este Gobierno a las pocas semanas debió buscar US$500 millones para abonar la cuenta de los generadores, siguió pagando una parte de la factura cada mes y ya en noviembre la deuda superaba los US$750 millones y se procedía a otro abono importante por US$300 millones (vía el factoring o sea pignorando futuros ingresos). Y la deuda crece a un ritmo de US$100 millones cada mes.

Esta administración del Lic. Danilo Medina ha dado pasos certeros en terminos de enviar mensajes de austeridad, estimular el financiamiento al agro y las mipymes, cumplir con el 4% del PIB a la educación, elevar el gasto social, sin embargo a casi cinco meses de gestión  no se ha enviado ninguna señal acerca de los planes para solucionar el problema y mucho menos si será convocado el Consejo Económico y Social para arribar a un Pacto Eléctrico que de manera definitiva trace la ruta de las soluciones definitivas.