Titulamos esta colaboración parodiando la pregunta que se hace Fernando Toro en su canción “Que pasa entre los dos” ante los dislocados comportamientos y procedimientos de autoridades que lesionan aspiraciones institucionalizadoras, sometidas al imperio de la Constitución y leyes.

La JCE, encargada de organizar elecciones para escoger autoridades, le pide al director de Presupuesto, no al Presidente, como debió corresponder tratándose de un órgano constitucional, que ignore la Ley de Presupuesto/2021 y asigne a partidos el doble de lo presupuestado.

El director de Presupuesto, correctamente, responde que no tiene competencia para obtemperar ese requerimiento. Horas más tarde, Presidencia anuncia que obtemperará solicitud que formalmente nadie le solicitó y sin dotación presupuestaria; refiriéndolo al complementario que aprobaría el Congreso; como si el Gobierno decidiera por este.

Una senadora visita en solitario al contralor general, “de manera institucional” aunque desconocemos resolución senatorial encomendándole esta tarea, para “intercambiar opiniones sobre el trabajo que realiza”.

Pasan por alto que, dado el carácter biunívoco de la fiscalización que ambos deben y pueden ejercerse entre si, ellos o sus órganos, relacionado con manejo de fondos; la visita pudiera traducir o interpretar sospechas de connivencia y complicidad.

En medio del escándalo potencial de compra de jeringuillas, el Gobierno emite un decreto traspasando competencias y recursos del Ministerio de Salud Pública a PROMESE, como si esta no fuera dependencia de aquella; por lo que nada cambia ese decreto.

Como si fuera poco la permanente amenaza de crisis haitiana, el secuestro de compatriotas se mantiene dentro de un limbo institucional.

A días, no se visualiza solución. Se divulgó, desmentido posteriormente por autoridades haitianas, que estas habían solicitado ayuda dominicana y hasta fotos de una operación rescate-¿como el efectuado por Israel en Entebe?-que al anunciarse automáticamente eliminaba el factor sorpresa propio de operación similar.

Nuestras FFAA desmintieron débilmente el rescate al admitir que “no hay novedades”. Mientras, el Presidente promete atender cualquier compatriota en situación difícil,

Mientras el Art 61.2 de nuestra Constitución establece que el “Estado…combatirá los vicios sociales con las medidas adecuadas…” entre los que se encuentra juegos y apuestas hasta ligados al lavado de activos – OEA celebró en octubre/19 en Lima un Taller sobre Prevención y Detección de Lavado de Activos en Juegos de Azar-nuestra Cámara de Diputados tiene nueve miembros propietarios de bancas en su matrícula que reivindican envalentonadamente las apuestas argumentando que “jugar es un acto voluntario para adultos”.

Y siendo autónoma la UASD, sus autoridades acuerdan con profesores aumentos salariales supeditándolo a endoso gubernamental; promoviéndose y/o tolerándose decisiones conspiradoras del equilibrio fiscal.

¡Una grave dislocación institucional nos está amenazando!