NOTA ACLARATORIA: En noviembre del año pasado advertí a mis amigos en Washington, a través de este mismo espacio, que los problemas de las relaciones entre Haití y República Dominicana se iban a deteriorar rápidamente, si los organismos internacionales desconocían ciertas decisiones de los poderes públicos dominicanos en temas de nacionalidad. La semana pasada, la OEA envió una misión para visitar ambos países. Se sabe de antemano cuál será el reporte que saldrá de esa misión, pues su flamante Secretario General, el señor Luis Almagro, ha expresado a priori su juicio sobre el asunto. Será el principio de una desestabilización nunca vista en la región. Repito pues, mi artículo de noviembre pasado, en el entendido que abundaré en mis próximas dos entregas sobre esta crisis que arranca ahora con fuerza.

La República Dominicana es el puntal de la estabilidad de la isla de Santo Domingo. Es la isla más poblada de las Antillas y resulta clave para la seguridad y estabilidad del Caribe. En los Estados Unidos no debemos olvidar que es nuestra tercera frontera y, por tanto, asunto de seguridad nacional.

Desconocer las decisiones de los poderes públicos dominicanos en materia de nacionalidad, como pretenden algunos influyentes sectores en Washington – a partir de una controvertida decisión de la Corte Internacional de Derechos Humanos – es un grave desacierto que puede detonar una crisis de consecuencias imprevisibles. Nuestros intereses podrían verse afectados y, deteriorar nuestras relaciones con la República Dominicana.

Entre la gran mayoría de los dominicanos existe la creencia de que la comunidad internacional – con los Estados Unidos a la cabeza- no han hecho bien su trabajo en Haití. Muchos dominicanos estiman que ante el balance negativo de su gestión, preferirían forzar una “solución dominicana” a los problemas que abaten a su vecino.

Los dominicanos están dispuestos a cooperar y así lo han hecho por más de dos décadas con la comunidad internacional en el manejo de las crisis estructurales de Haití. Basta recordar que muchos organismos e instituciones internacionales han colocado a Haití consistentemente en la lista de los diez estados fallidos del mundo junto con Somalia, El Congo y Sudán. Esto fue más que evidente en la crisis humanitaria provocada por el terremoto del 2010.

Pero los dominicanos sienten que han dado más allá de las obligaciones naturales propias del buen vecino – ya tienen más de un millón y medio de inmigrantes en su pequeño territorio – y perciben que quieren endosarle obligaciones que le corresponden claramente a las autoridades haitianas, o en su defecto, a la comunidad internacional, como es por ejemplo la obligación de documentar como propios a nacionales haitianos.

Nosotros en los Estados Unidos tenemos una deuda moral junto con la comunidad internacional – que mucho tiene que ver con una larga historia de exclusión y aislamiento, así como intervenciones y bloqueos destructivos – que debe ser asumida con un esfuerzo serio de reconstrucción, digamos como un mini Plan Marshall. Nunca forzando a su vecino a asumir más cargas de la que ya soportan.

Por más de 20 años, los dominicanos han visto que la intervención de la comunidad internacional en Haití, se ha limitado en mantener un orden público mínimo, precario, de apariencia democrática y, a evitar que los flujos migratorios haitianos se vuelquen hacia los países de la región. Pero, sobre todo, han visto que las presiones sobre sus autoridades están creciendo para convertir a República Dominicana en una zona de amortiguamiento de sus recurrentes crisis, que a la vez encubra los sucesivos fracasos de todo tipo que han tenido en Haití.

Es cierto que la clase dirigente dominicanas han sido vacilantes, ambiguas, complacientes, enfrentando esas presiones externas. Que no han sabido fijar los límites y las condiciones de su cooperación como Estado. Sin embargo, constituiría un craso error inferir que pueda imponerse “una solución dominicana o insular binacional”. Así pues, inducir una “integración insular” por medio del uso intensivo de recursos blandos y duros de poder, entre Haití como estado fallido y República Dominicana un estado relativamente funcional, – pero que todavía acusa grandes debilidades – sólo conducirá a la desestabilización no sólo de la República Dominicana sino de la región entera del Caribe.

El pasado de confrontaciones se está reviviendo, por ejemplo: Un acto que pretendieron realizar en una universidad pública un grupo de organizaciones haitianas para exaltar a Dessalines, héroe independentista haitiano, fue repudiado y frustrado por grupos de dominicanos que recuerdan sus sangrientas matanzas efectuadas hace más de 200 años en la parte española de la isla.

La sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, alentado desde sectores de poder aqui en EE.UU, sólo ha reforzado esas creencias y temores. Mientras tanto, crece el sentimiento en Dominicana de que su nación está siendo agredida y humillada. En ese contexto, se levanta un clamor en forma de pregunta: ¿Qué es lo que queremos?.