Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Cada vez que se ha planteado, sobre todo desde la activa sociedad civil, la necesidad de someter todas las compras del gobierno a un sistema de licitación, se levantan voces gubernamentales para argumentar a favor del mantenimiento del sistema actual, de grado a grado. Nada más y nada menos que el secretario general del PLD, quien debe ser el portador de lo que podríamos llamar la utopía peledeista argumentó a favor de una prudencia que, en esencia, procura mantener abierta la puerta del grado a grado.
Unos días antes el secretario de Obras Públicas un enamorado del sistema de grado a grado había planteado los inconvenientes de establecer un esquema de licitación. Dijo, utilizando alegatos manoseados desde hace muchísimo tiempo, que debía tomarse en cuenta que hay muchas obras públicas que deben hacerse con premura, una premura que, lógicamente, no es posible ponerla en marcha con el sistema de licitación. Ahora el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales se empantalona y cierra varias granceras que no cumplen con los requisitos establecidos por esa cartera para explotar los lechos y las cercanías de los ríos. El doctor Maximiliano Puig accede así a un viejo reclamo que procede de distintos puntos del país. Se quiere establecer un orden y un protocolo, fundamentado en medidas de carácter técnico y científico, para que los materiales de construcción sean extraídos dejando los menores males posibles a nuestros ríos, es decir, a nuestro sistema ecológico. Nadie puede poner en duda la utilidad, la racionalidad y la bondad de esta medida. La misma era necesaria hacía muchísimo tiempo, pero el gobierno había sido incapaz de hacer cumplir las medidas. La gestión del historiador Francisco Moya Pons tuvo la inteligencia de definir las medidas, redactarlas y hacerlas públicas. Pero ocurre que el secretario de Obras Públicas, otra vez trata, esta vez con más sutileza, de procurar que Medio Ambiente morigere su medida. Los espacios dejados vacíos por la destrucción de los policías acostados no han podido ser asfaltados porque no hay agregados para mezclarlos con RC-2. Y no hay agregados porque las granceras han sido impedidas de extraer materiales de los ríos. Los lectores recordarán que Obras Públicas ha planteado posiciones similares en otras ocasiones y con otros titulares.
Una de las grandes dificultades que confronta la sociedad dominicana es que prácticamente nada se puede, cuando de por medio están los grandes intereses y el poder político y el poder económico, que casi siempre son los mismos. Por eso es tan difícil que la justicia avance, que las medidas legales se cumplan y que se establezca un orden mínimo que beneficie a todos. Los gobiernos dominicanos post Trujillo nunca han podido acogerse a una norma tan universal y tan bien vista como es el sistema de licitación para las compras y las obras públicas. Se han aprobado leyes y se han publicado decretos, pero los gobiernos nacionales y locales siempre se han salido con las suyas. La razón es sencilla: la puesta en vigencia de esta norma conspira contra el clientelismo, contra el sistema de favores políticos y sobre la preferencia a beneficio de los conmilitones. A los gobiernos no les importa que la licitación garantice la calidad de los productos u obras licitadas, la transparencia y que permita obtener precios menores. Y así ocurre con muchas otras medidas.
Pero un día la República Dominicana deberá tener la dicha de contar con una sociedad y con un sector político y con un sector empresarial interesados en convivir de acuerdo a las normas más civilizadas y más ajustadas a lo que genéricamente se llama el buen gobierno. ¿Cuándo será esto? Es difícil hacer una proyección de tiempo. La cultura política no se cambia de un día para otro, ni de un año para otro. Más todavía: el tiempo no siempre garantiza cambios. Pero de manera esperanzada todos podemos decir que un día será, cuando vengan otras generaciones de ciudadanos y ciudadanas, cuando el país cuente con políticos y gobernantes interesados en ajustar la práctica política y el ejercicio del poder a los mejores valores de la democracia occidental. Cuando ese día llegue, ningún gobierno dudará en hacer cumplir la ley, en salvaguardar los intereses de todos, en preservar las riquezas que a todos pertenecen y en adoptar las medidas que garanticen eso que ahora llamamos transparencia. Entonces la ley será para todos y los gobernantes tendrán conciencia de que fueron electos para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
