La amarga reacción de un lector en torno a las frecuentes irregularidades que presentan las obras del Estado, me obliga a compartir ideas sueltas que me asaltan desde hace meses.

Tras percatarme de los vicios que de ordinario flotan en puentes, carreteras o escuelas, tan pronto nos azota algún fenómeno natural, me vienen a la mente posibles reparos a esos incumplidos.

En la pre-adolescencia, tuve la oportunidad de recorrer parte del país.

Mi padre laboraba para Obras Públicas y asignado a un programa de sustitución de puentes de madera por estructuras de hormigón. Hablo de los años finales de la famosa Era.

Aún a temprana edad, se me grabó el nivel de responsabilidad que asumían los ingenieros a cargo de las obras, y la irreprochable calidad entregada. No había tutía.

Como el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) es por Ley organismo asesor del Estado, las autoridades podrían exigir celoso cumplimiento a los beneficiarios de los contratos.

Y algo más: Obligar a los contratistas a colocar cárteles con identificación de nombres, números de Colegiatura, teléfonos y período de construcción de las obras otorgadas.

De este modo, cualquier ciudadano estaría en el libre derecho de advertir fallas o incumplimientos y, de ser necesario, informar a la institución responsable de la ejecución.

¿Qué normas se aplicaban de antaño, que no puedan funcionar ahora?

¿Por qué la indiferencia cuando de defender el erario se trata?