Paíno Abreu Collado
El pasado lunes 28 de Noviembre asistí a una consulta convocada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, doctor Max Puig, quien nos dejó gratamente impresionado con su ordenada y clara exposición acerca de la historia y la situación actual del caso conocido por todos como el rockash, es decir, los ya famosos residuos que fueran introducidos y depositados en el país de manera ilegal.

El Secretario Max Puig explica que se han evaluado cuatro alternativas para disponer del rockash: exportarlo, usarlo como materia de construcción de carreteras, incinerarlo en plantas cementeras, o enterrarlo. A mi juicio, usarlo como material de construcción de carreteras ni pensarlo, eso sería exponer a todo transeúnte a respirar el polvillo. Tratar de exportar el material a otro Estado, a menos que sea a su origen, no creo que sea saludable, aunque aparezcan por ahí quienes oferten tal solución. Si nosotros no queremos esa basura aquí no está bien que mandemos el problema a otra parte.

La posibilidad de sacar el material del país y también la de enterrarlo conllevan un alto costo que según explicó el Secretario no puede ser cubierto por las compañías que lo introdujeron porque éstas se han declarado insolventes. Esto último es alarmante y se convierte en un elemento adicional que condena aún más a los funcionarios públicos que permitieron que empresas sin capacidad financiera para enfrentar desastres provocados por ellas mismas, pusieran en peligro la salud de los habitantes de nuestro país, trayendo y depositando una sustancia que puede ser peligrosa.

Ahora bien, en términos políticos debo recordar que el PLD, que como partido gobernante ha heredado el problema, prometió en campaña que el rockash ¡es pa fuera que va! Por consiguiente, antes de cualquier otra medida y para salvar el compromiso del PLD en este asunto, lo correcto es expresar al gobierno de Puerto Rico el interés de las autoridades dominicanas en reexportar a esa isla el susodicho material. En mi opinión, es casi seguro que las autoridades de Puerto Rico (léase Estados Unidos) se expresarán negativamente sobre tal solicitud o como se dice por ahí nos “la pondrían en China” con condiciones muy difíciles de cumplir. Obviamente, si ellos no aceptan ahí termina la intención de la reexportación, pues según el acuerdo de Basilea del cual somos signatarios, la recepción de un material de desecho como éste, que puede ser peligroso, requiere del consentimiento por escrito del Estado que lo va a recibir (consentimiento fundamentado previo), como se ha encargado de recordarlo la doctora Yocasta Valenzuela.

Pero lo importante aquí es que la gestión se haga, pues de una u otra manera quedará la lección y la enseñanza al pueblo dominicano y eso, políticamente, tiene su valor.

Las otras dos alternativas son utilizarlo para elaboración de cemento o enterrarlo. En este sentido, es importante destacar la excelente exposición de carácter técnico que sobre las posibilidades de utilización del rockash hiciera el ingeniero Osiris De León. Este indicó que las cenizas dan buenos resultados en diferentes mezclas con cemento y que también, con el debido cuidado y supervisión técnica, pueden ser enterradas sin mayores inconvenientes y que eso lo hacen las generadoras a carbón Itabo I y II.

Al secretario de Medio Ambiente le preocupa quién pagará el costo de salir del rockash. La cuestión es que bajo el principio de que “el que contamina paga” el costo de la operación de reexportación, si es que pudiera realizarse, o el costo de cualquiera de las soluciones, debe recaer sobre los delincuentes que autorizaron y ejecutaron la violación múltiple de la Ley 64-00 al depositar esa basura en suelo dominicano. Si después del “negociazo” que hicieron tienen la cachaza de declararse quebrados, entonces ahí está la cárcel para pagar la insolvencia.

Si los desechos de rockash no pueden ser reexportados, podemos acogernos a las opciones de incinerarlo en una de las cementeras del país o enterrarlos.

La incineración tiene la ventaja de que hace desaparecer el rockash para siempre y a un costo mucho menor ya que una parte se convierte en materia prima para cemento. Enterrar el rockash, aunque es factible, es más costoso, conlleva un mínimo de mantenimiento y supervisión del área y nos dejaría siempre la sensación de que tenemos ese muerto tapado.

En resumen, está claro que podemos incinerar o enterrar el rockash, pero lo que no podemos enterrar ni incinerar es el delito cometido al introducir ese material al país, para que no queden impunes los delincuentes nacionales y extranjeros que participaron en esta operación de negocio.