Las pérdidas de las tres distribuidoras de electricidad Edesur, Edenorte y Edeste son las principales responsables, en más de un 50%, del déficit del Presupuesto Nacional Consolidado, ya que no cobran una alta proporción de la electricidad que entregan, sea porque el cliente no posee contadores o porque los posee pero no paga y se le sigue entregando luz, lo que estimula al que sí paga a dejar de hacerlo. Y es que el objetivo político del Gobierno en cuanto a la electricidad es proveerla a todos 24 horas al día los siete días de la semana y casi lo ha logrado, pero a un costo enorme para el presupuesto, ya que el cliente que sí paga la luz tiene, además, a través del pago de sus impuestos que proveer al Ministerio de Hacienda de recursos para entregarlos a las EDE para cubrir el agujero de los que reciben la luz gratis. Para colmo, la nómina de las EDE ha aumentado por razones políticas. Se suponía que en la administración de Danilo Medina se adquirieron muchos contadores en base a compras engañosas, pero no sabemos si se usaron o no. ¿Qué hacer?
Inicialmente las EDE eran una sola institución que pertenecía a la Corporación Dominicana de Electricidad, pero durante el primer Gobierno de Leonel Fernández fueron convertidas en tres empresas y dos de ellas vendidas a empresas españolas y una a una empresa norteamericana. Pero luego aumentó el precio del petróleo y como el precio de venta de la luz es y era controlado por el Estado las distribuidoras comenzaron a sufrir pérdidas. El siguiente Gobierno de Hipólito Mejía estatizó a las tres distribuidoras. A las españolas les repagó su inversión al permitirles el cobro de luz futura de las principales empresas clientes de esas dos distribuidoras.
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Entonces, ¿tratamos ahora de privatizarlas de nuevo? No creo que ninguna empresa privada se interese si se mantiene el control del precio sobre la venta de la electricidad, más en estos momentos en los que las guerras en Ucrania e Israel, más los ataques contra barcos petroleros en el Estrecho de Ormuz, tienden a aumentar el precio del petróleo y, consecuentemente, el costo de la generación eléctrica.
Veamos, sin embargo, lo qué está ocurriendo en América Latina. China compró a Chile dos de las distribuidoras de electricidad, exespañolas y que cubren el 50% de ese mercado. En Perú los chinos adquirieron el 100% de la distribución. Es más, el 75% de las compras de distribuidoras de energía en América Latina durante los últimos cinco años han sido hechas por China. Además, provee el 99% de las importaciones latinoamericanas de paneles solares. Un 60% de la energía latinoamericana no renovable, solar o de viento, es generada por equipos chinos. Más aún, un 76% de las guaguas eléctricas en Latinoamérica son chinas, país que posee plantas en Brasil (adquirida a la Ford), en México y Argentina. Un 90% de las importaciones latinoamericanas de baterías de litio proviene de China.
Pero es probable que Estados Unidos objetaría a que la República Dominicana permita el manejo por parte de empresas chinas de todas las estadísticas sobre las personas y empresas que consumen nuestra electricidad. Ya en Costa Rica, país que se está convirtiendo rápidamente en un gran productor de chips para semi conductores norteamericanos, Washington objetó que la empresa Huawei manejase teléfonos e Internet. Se dice que lo mismo ocurrió en Santo Domingo, donde también se alega que los americanos objetaron la participación china en el puerto de Manzanillo.
Ante estos problemas tal vez lo que nos queda es firmar acuerdos con empresas privadas, no chinas, que administren las EDE, con incentivos que aumentarían a medida que cobren más, pero quedando su propiedad en manos del Estado, quien seguiría aportando los recursos para más contadores y otras mejoras. Se perjudicarían los “compañeritos” sobrantes en la nómina quienes perderían sus empleos y también aquellos que ahora no pagan la luz. Pero eso le daría enormes recursos al fisco para grandes inversiones públicas y en servicios prioritarios. Nadie se queja hoy en día si su celular se apaga porque se ha atrasado en su cuota. Eso no tiene un costo político. Tampoco debería tenerlo la luz si esta es pagada por toda la población, al igual que los celulares. Así seríamos una sociedad más justa y equitativa.
En 1931, primer año completo del régimen de Trujillo y debido a que la gran crisis mundial que se inició en 1930 mermó los ingresos del Estado dominicano, Trujillo optó por vender a la empresa estatal que manejaba los teléfonos y desde entonces ese servicio lo proveen empresas privadas, mayormente extranjeras. En los años cincuenta Trujillo hizo que el Estado adquiriera a la compañía de electricidad y desde que cayó la dictadura en 1961, se hizo popular que no había que pagar la luz porque era algo “del pueblo”. Realmente no lo es, y debe ser pagada igual que hoy día los dominicanos pagan los teléfonos y el Internet.