Nuestros avances ya son reconocidos es la diversificación económica, que permite al país ser menos dependiente de sectores específicos y resiliente

Lo primero que mira un inversionista al momento de decidir si invierte o no en una nación es su institucionalidad y el riesgo país.

Y las calificadoras de riesgo le simplifican las cosas al poner en sus manos la calificación crediticia de cada país.

La mejor calificación, por ser la que es más beneficiosa para el inversionista, es el grado de inversión, que facilita al país que la posee el acceso a créditos con mejores condiciones de tasas de interés y una mayor amplitud en los plazos.

Entre los países de América Latina y el Caribe que habían alcanzado el grado de inversión estaban Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y Panamá, aunque hay que aclarar en el caso de este último, el 28 de marzo de 2024 la calificadora de riesgo Fitch Ratings comunicó la rebaja de la calificación de su deuda soberana desde la categoría en grado de inversión a un terreno especulativo, argumentando problemas fiscales y de gobernanza, agravados por el cierre de la mayor mina de cobre del país.

Mientras Panamá recibía ese golpe, a finales de julio pasado, Paraguay, que hace poco estaba entre los países con peor calificación, compartiendo banco con países como Venezuela, sorprendió a la región y al mundo cuando recibió la calificación grado de inversión.

Como la República Dominicana tiene como meta alcanzar al grado de inversión, para lo cual ya acumula puntos, debe verse en el espejo de Paraguay y de Panamá para aprender de las lecciones que puedan servirnos para seguir avanzando con pasos firmes hacia la obtención del grado de inversión.

En el caso de Paraguay el salto que ha dado en su calificación crediticia, ha tenido su sustento en la sostenibilidad fiscal (con ingresos robustos y políticas fiscales responsables), en la fortaleza institucional y en la diversificación económica.

Y el retroceso de Panamá se debió, según la propia Fitch, a problemas fiscales y de gobernanza, agravados por el cierre de la mayor mina de cobre del país.

Si sacamos las mejores lecciones de lo ocurrido en ambos países, deberían llevarnos a la conclusión de que en el plano fiscal hemos avanzado en materia de institucionalidad.

Dos importantes logros a mostrar son la Ley No. 5-07, de enero de 2007, que establece el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) como instrumento facilitador del cumplimiento de los propósitos del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado, y la Ley de Responsabilidad Fiscal, cuyo objetivo es darle certeza y predictibilidad a la trayectoria del coeficiente de deuda, estableciendo una meta de tener una deuda del Gobierno General no mayor del 40% del PIB para el 2035. Pero está pendiente una reforma fiscal que supere la precariedad fiscal.

Otra tarea en la que nuestros avances ya son reconocidos es la diversificación económica, que permite ser menos dependientes de sectores específicos y enfrentar mejor los choques externos. También se nos toma como referente en el clima favorable para la inversión, tanto en seguridad jurídica como estabilidad política.

Pero son tareas que no debemos dar por concluidas. Siempre hay algo por hacer en estos campos.