Tirso Mejía Ricart 
A medida que se acercan las elecciones del año 2020, se perfila lo que podría ser una gran tragedia política nacional, fruto de las ambiciones de poder y riqueza y a la falta de escrúpulos políticos de una minoría que ha detentado el control despótico del estado durante 20 años, en medio del abandono de los valores, con un verdadero festival ominoso; o de contrario se abre el camino hacia una transición democrática y la convivencia.
La nueva Ley de Partidos No.39-18, estableció elecciones primarias y convenciones de delegados como mecanismos democráticos para elegir a los candidatos a cargos de elección popular; pero también añadió simples encuestas y elecciones con padrón abierto para que extraños decidieran violentando la Constitución. Para colmo, se mantuvo el voto preferencial que privilegia a los legisladores actuales que gozan de recursos especiales de diverso tipo.
Como si eso fuera poco, las llamadas reservas para los partidos y sus aliados, que originalmente debían ser de un 15%, pero que finalmente subió a un 20% de las candidaturas, y para colmo de males se permitió que se concentraran esas reservas en gran parte de los cargos de legisladores y alcaldes, convirtiéndose así las primarias en lo contrario de lo que se proponía originalmente, que era evitar que las cúpulas partidarias decidieran, ya que esto va en perjuicio de los dirigentes emergentes de los partidos, para quienes ha sido una burla.
Por supuesto, que esas distorsiones, impulsadas por el partido de gobierno y la Junta Central Electoral, solo sirven para facilitar la permanencia de los actuales congresistas; y del mismo PRM que ha debido hacer lo propio para evitar el transfuguismo. De manera que tenemos politiquería para rato, hasta que la juventud madure lo suficiente o haya un desastre económico – social como el que se avizora, para que finalmente tengamos una democracia electoral bien entendida.
Por lo demás, si no se designan fiscales electorales independientes, todo apunta hacia unas elecciones conflictivas e irregulares, en las que habrá intentos de fraude y abusos de poder en cantidades industriales, sobre todo si los resultados del llamado “voto automatizado” no se verifica con los comprobantes que se les emiten a los votantes para que se pueda constatar la voluntad política real de los sufragantes.
Sin embargo, esos peligros se pueden salvar con posiciones firmes, con el apoyo activo de la ciudadanía en la defensa del voto democrático, porque como se ha dicho, “la corrupción prevaleciente corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
El escandaloso atropello policial y militar a los legisladores y demás manifestantes que el pasado lunes rechazaban la reelección, es un indicador de lo lejos que es capaz de llegar la cúpula del poder peledeísta para retener el control del Estado y evitar el enjuiciamiento judicial de sus grandes corruptos, como se hizo en el 2012 y el 2016, auspiciado entonces por Leonel Fernández; esto confirma que “los dos son peores” y que será necesario la lucha cívica abierta para poder defender la democracia y la prosperidad para todos.
