¿Qué instancia es la que debe evaluar el sistema educativo?

¿Qué instancia es la que debe evaluar el sistema educativo?

Informe especial
La crisis de la educación en RD

Las Pruebas Nacionales, que se constituyeron como un mecanismo de validación de la promoción escolar preuniversitaria, debieron también ser un útil indicador de la evolución de la calidad de la enseñanza en el país.

Sin embargo, en los últimos años se les han venido introduciendo modificaciones tanto en su manejo como en los procedimientos de aplicación, los cuales prácticamente anulan sus funciones como instrumento ratificador de la promoción del estudiante y les han restado utilidad para fines diagnóstico del sistema escolar.

Desde su inicio hasta ahora, las cosas han cambiado mucho. En la actualidad las Pruebas Nacionales evalúan determinadas asignaturas que cursa el estudiante durante el año escolar y se aplican al octavo grado de primaria y al último grado de la secundaria. Para fines de promoción, los resultados de las Pruebas representaban 50 por ciento y la calificación de la escuela 50 por ciento.

Al parecer, esas proporciones eran muy estrictas y fueron modificadas a los valores actuales de 30% para las Pruebas y 70% para la escuela.

Desde hace mucho tiempo, se eliminaron las Pruebas para el cuarto grado de primaria, precisamente cuando se debe disponer de un diagnóstico temprano sobre los conocimientos y destrezas de los estudiantes a fin de definir las medidas correctivas.

Consecuentemente, la primera evaluación se viene realizando en el octavo grado, cuando es mucho más difícil que el estudiante recupere el terreno perdido. Asimismo, las Pruebas Nacionales del octavo grado se deben realizar en dos convocatorias, lo que le permite al estudiante dos oportunidades para aprobar cada asignatura.

En la práctica se han flexibilizado los procedimientos y se han realizado hasta cinco convocatorias. También se ha llegado a aplicar recursos estadísticos para suavizar el puntaje de las Pruebas con la finalidad de que una mayor proporción de estudiantes sea promovida. Debe destacarse además, que con las calificaciones que se divulgan no se puede realizar comparaciones entre los resultados de años diferentes.

Resultados verdaderos. Por otro lado, los estudiantes de algunas escuelas privadas de barrios marginales toman las Pruebas Nacionales como parte de la matrícula de centros escolares públicos, sin que se pueda identificar cuáles son las entidades que participan en esas prácticas.

De esta manera no es posible conocer los verdaderos resultados individuales de cada escuela pública y del sector en su conjunto. Adicionalmente, existe la percepción generalizada de que durante la administración de las Pruebas se registran frecuentes irregularidades.

Sin embargo, a este respecto debe decirse que durante este año se inició la aplicación de correctivos para superar estas ineficiencias. Finalmente, los pormenores de las Pruebas no fueron divulgados hasta al final de la década pasada. Es decir que la sociedad estuvo privada durante ese lapso de conocer las únicas informaciones sobre la evolución de cada escuela y del sistema en general.

Manipulan resultados. Algo similar ha sucedido con las pruebas de evaluación para los candidatos a ingresar a la carrera docente. Se ha venido manipulando el puntaje y el contenido de los exámenes con el propósito de asegurar que las vacantes sean ocupadas.

No es necesario comentar el efecto de esta práctica sobre la calidad de la educación de la mayor parte de la población dominicana. Este relato revela patentemente que durante los últimos tiempos se ha manejado el sistema educativo público con el único propósito político de mantener los estudiantes en la escuela, sin ninguna preocupación por la calidad de la enseñanza.

Lo anterior tiene que ser contrastado con las nuevas prácticas internacionales de evaluar y medir desde todas las perspectivas los sistemas educativos nacionales como una forma de obtener informaciones oportunas y confiables que sustenten la definición de políticas educativas efectivas.

Las evaluaciones internacionales de los sistemas educativos que se vienen realizando en los últimos años han puesto de manifiesto que los latinoamericanos se mantienen a la zaga de los países avanzados y que nosotros los dominicanos nos encontramos en el último lugar, muy distantes de países más pobres que el nuestro.

Tal parece que la divulgación de los resultados de esas evaluaciones ha suscitado presiones sociales en la región que se han traducido en nuevas iniciativas para fortalecer los mecanismos de evaluación y rendimiento de cuentas a la sociedad.

Organismos evaluación. Los latinoamericanos, entre ellos nosotros, tiempo atrás, instituyeron organismos de estudio y evaluación de los resultados educativos que funcionaron, más bien, como instituciones académicas con escasa influencia en la evolución del sistema. Actualmente se ha generado una nueva corriente con la creación de entidades con un diseño institucional que permita la neutralización de las injerencias de intereses ajenos a la calidad de la enseñanza y que puedan imponer políticas de largo alcance en el tiempo.

Colombia, en el 2009, mediante decisión legislativa, otorgó autonomía al Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) en sus decisiones y funciones, lo cual le permite aplicar evaluaciones directas a los estudiantes a lo largo del sistema educativo.

Se definió el organismo como una empresa estatal descentralizada, de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, con las atribuciones de establecer las metodologías y procedimientos que guían la evaluación externa de la calidad de la educación.

El organismo debe diseñar, elaborar y aplicar instrumentos de evaluación de la calidad de la educación, dirigidos a los estudiantes de los niveles de educación básica, media y superior. Incluso se estableció que las evaluaciones anuales deben ser comparables durante un período de por lo menos doce años.

En 1937, Brasil creó el Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Nacionales Anísio Teixeira (INEP) y en el 2001 se le confirió autonomía federal y se capacitó legalmente para asumir nuevas funciones. El Instituto debe planear y aplicar los procedimientos para evaluar los resultados de la educación básica y superior.

Además está facultado para definir los parámetros, criterios y mecanismos para realizar los exámenes de acceso a la educación superior. En México se fundó en el 2002 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) que en febrero de este año se convirtió en un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En esta nueva etapa, el INEE tiene como tarea principal evaluar los resultados del sistema educativo mediante la administración de los exámenes a los estudiantes de todos los niveles: educación preescolar, primaria, secundaria y superior.

El pasado mes de abril el Senado de la nación designó en la Junta de Gobierno del nuevo y estratégico organismo, a cinco prominentes personas de la sociedad mexicana.

Debe precisarse que se intentan crear organismos verdaderamente independientes, algo muy difícil en nuestros países, particularmente en el nuestro.

Finalmente, Taiwán ha adoptado una estructura institucional que es reconocida constitucionalmente como uno de los cinco poderes del Estado con la misma categoría que los poderes ejecutivo, judicial y legislativo, y que tiene como función, no tan sólo evaluar las capacidades de estudiantes y profesores, sino también las de los funcionarios y empleados públicos.

Habría que suponer que este peculiar sistema potencializó la contribución del recurso humano a los excepcionales logros del pueblo taiwanés.

Las experiencias anteriores constituyen unas pautas aleccionadoras para el país en el momento en que el Gobierno ha emprendido un enorme esfuerzo para mejorar la calidad de la enseñanza, que por la magnitud de los recursos comprometidos constituye un caso sin precedentes en la historia del país y que evidentemente requiere ser revestido de un arreglo institucional que garantice una evaluación eficiente y objetiva que nos provea de información fidedigna sobre la evolución del sistema y de los principales actores de la educación nacional.

Caso RD. A estos fines, la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) establece que el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) se constituya en un organismo autónomo administrativa y financieramente. Por su parte, el Gobierno en su propuesta para las deliberaciones del Pacto Educativo sugiere asumir ese mandato legal de la END.

A tales propósitos, bajo el principio de la separación del juez y las partes, el Congreso Nacional debe convertir al IDEICE en un organismo evaluador de la educación que garantice informaciones sistemáticas, confiables y oportunas y que esté protegido de las influencias políticas en sus decisiones.

Tomando en cuenta las nuevas pautas institucionales que vienen adoptando los países latinoamericanos, el Instituto debería tener su propia asignación presupuestaria y sería una entidad pequeña y altamente tecnificada, que contrataría universidades u otras entidades nacionales e internacionales para realizar las evaluaciones y las investigaciones a su cargo, así como diseñar y aplicar las Pruebas Nacionales en los sectores y frecuencias decididos por su Consejo Directivo.

Todas las evaluaciones sobre la calidad del sistema que realice el Instituto deberán ser diseñadas con los niveles de rigor que exigen los estándares internacionales, a fin de que se conozca la distancia entre la situación del momento y lo que el país debe aspirar.

El Instituto evaluaría a los profesionales que soliciten su ingreso a la carrera docente pública o privada y, para fines promocionales, a los profesores que pertenecen a la carrera docente que soliciten su promoción.

Asimismo en respuesta a la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y siguiendo la modalidad brasileña, evaluaría a los bachilleres ingresantes al nivel superior e iniciaría la certificación de los egresados del sistema universitario de acuerdo con las recomendaciones del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Al igual que el Instituto colombiano, el IDEICE establecería una línea de base para el año escolar 2014-2015 con los resultados de las Pruebas Nacionales y otros procedimientos de medición que puedan ser comparables con las evaluaciones que se realicen, por lo menos, en los próximos doce años, a fin de conocer la evolución de la calidad del sistema educativo nacional. Emulando la recientemente aprobada ley mexicana, el Instituto sería administrado por un Consejo de Directores integrado por un grupo de notables profesionales sin vinculación a los partidos políticos que serán designados por el Senado de la República y quienes no podrán recibir retribuciones de la institución.

Debemos asumir ya la creación de las bases institucionales que nos garanticen un detenido seguimiento de la evolución del sistema y de las capacidades de estudiantes y profesores. De lo contrario, pondríamos en peligro el enorme esfuerzo sin precedentes que ha iniciado el gobierno nacional para superar un sistema educativo que por décadas ha condenado a los pobres dominicanos a mantenerse entrampados en la cultura de la pobreza. Estamos en un momento histórico que nos conmina a que, por primera vez, hagamos las cosas bien.

LAS CLAVES
1. El ejemplo de Taiwán
Taiwán ha adoptado una estructura institucional que es reconocida constitucionalmente como uno de los cinco poderes del Estado y que tiene como función, no tan sólo evaluar las capacidades de estudiantes y profesores, sino también las de los funcionarios y empleados públicos.
2. Propuesta RD
La ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) establece que el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE) se constituya en un organismo autónomo administrativa y financieramente. Por su parte, el Gobierno en su propuesta para las deliberaciones del Pacto Educativo sugiere asumir ese mandato legal de la END.
3. Mensaje
Debemos asumir ya la creación de las bases institucionales que garanticen un seguimiento de la evolución del sistema y de las capacidades de estudiantes y profesores.

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