No bastaría que los partidos políticos -uno de ellos de por sí hondamente dividido- arriben a un acuerdo sobre la forma de celebrar primarias, cerradas o abiertas, si la fórmula a que se avienen no conlleva, ipso facto, el sello aprobatorio de la Junta Central Electoral. Los que se afanan por la obligatoriedad del padrón y la fecha única para elegir candidatos no solo están en conflicto con el resto del espectro partidario incluyendo a una parte del peledeismo. También marchan a contrapelo de la propia Junta, de su insuficiente infraestructura para bien llevar votaciones, y desde luego, de sus posibilidades materiales y de costos para el país, y contra el buen juicio de lo más representativo de la sociedad civil y de las más razonables interpretaciones de lo legal.

El proyecto originalmente aprobado por el Senado haciendo uso de una mayoría aplastante y ausencia casi total de otros criterios atendibles, presenta defectos insuperables que le restarían legalidad por inaplicable. Que de la desesperada búsqueda de una salida, tratando de cuadrar lo incuadrable para imponer las primarias vulnerables al dinero y a los resortes del poder, no venga a salir un proyecto aun más disparatado, que carezca de sentido, lo que sería una forma más de fallarle a la mayoría de los dominicanos que, ajenos al escarceo, reclaman un fortalecimiento institucional que, por todo lo que se ve, carece de imprescindibles respaldos.

Testigos de actos mortales

El uso de recursos letales en la vigilancia penitenciaria, influida por criterios de la vieja usanza policial, desdice enormemente del sistema carcelario que sus apologistas describen como «modelo». Ahora el pueblo tiene tantos ojos, que la brutalidad armada del Estado escapa menos a filmaciones de testigos. Lo que se vio como persecución a fugitivos de San Pedro de Macorís ha merecido el calificativo de ejecuciones, tres para pecar aún más de excesivas.

Hay que repetirlo: la sociedad no puede seguir sufriendo daños causados por la incapacidad oficial para frenar a los «gatillos alegres» de sus servicios de «seguridad», evidenciándose una falta alarmante de conciencia sobre lo que es la vida humana y de ausencia de voluntad para recurrir a capturas y recapturas sin tener que matar. Entre esa gente no hay protocolo que valga.