Desde el 12 de enero a la fecha es mucho lo que se ha dicho y escrito acerca de Haití y sus ancestrales calamidades, agravadas desde entonces por el devastador terremoto que causó muerte y destrucción. Ha habido tiempo más que suficiente para arrancar con la construcción de la infraestructura elemental de servicios públicos vitales para atender las necesidades existenciales más urgentes. Sin embargo, nada de lo dicho se ha hecho.

 Ante esta inercia, que no ha sido rota  ni siquiera ante el desgarrador cuadro de hacinamiento en que viven miles de familias en Puerto Príncipe, es más que  razonable el llamamiento hecho  por el presidente Leonel Fernández ante intelectuales haitianos para que se pase de las palabras a los hechos y se inicie la reconstrucción de Haití. Hay un compromiso de la comunidad internacional que se ha atascado en las palabras, sin pasar a la acción.

A raíz del terremoto, la República Dominicana volcó hacia Haití toda la  ayuda primaria y urgente que fue necesaria. Acogió y curó heridos y carga con el peso de un comprensible éxodo de indocumentados. Esos son hechos tangibles, como lo son las diversas formas de cooperación de la comunidad internacional. Ha llegado el momento de asumir la fase de la reconstrucción y de dar categoría de hecho a tanta palabra.

La petición del Episcopado

La necesidad de que se explique al país los beneficios y perjuicios del  contrato entre el Estado dominicano y la minera canadiense Barrick Gold ha sido invocada esta vez por la conferencia del Episcopado Dominicano. El pedido va dirigido expresamente al Presidente de la República. Hay muchas interrogantes sin responder acerca de las implicaciones ambientales y económicas, regionales y nacionales, que pueden derivarse de la ejecución de este contrato de explotación de sulfuros.

El Episcopado, con toda su  autoridad moral,  entiende, como muchos sectores, que el país tiene pleno derecho a saber las consecuencias potenciales del contrato. Más que eso, hay razones para reclamar una revisión minuciosa del mismo y que se renegocie todo lo que no convenga al interés de la nación. Contratos como este han sido objetados en otros países entre otras cosas por los grandes pasivos ambientales que dejan. ¿Por qué no hacerlo aquí?