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El Gobierno necesitaba una reforma tributaria, y ahí la tiene. Buscaba un consenso social que la aprobara pero fracasó en el intento. Y lo peor que le ha ocurrido es que la reforma ha reunido un consenso de repudio fuerte, heterogéneo y espontáneo. Es una reforma que nadie quiere, sea rico, clase media o pobre. El rechazo obedece al hecho real de que los nuevos gravámenes le arrebatarán poder adquisitivo a la gente, pues es inevitable que produzcan alza en bienes y servicios de gran demanda.
Una reforma así no puede salirle de gratis al Gobierno. Aquí el contribuyente tiene que aprender a reclamar sus derechos, a exigir que el Estado le devuelva con buenos servicios públicos el dinero que le saca de los bolsillos. A cambio de los impuestos, ahora llevados al alza por la reforma, deberá devolvernos agua potable y electricidad suficientes, vías transitables, asistencia médica para todos, seguridad pública y judicial operantes, y transparencia y ética en el manejo del erario.
Desde el mismo Gobierno se escucha la voz de una funcionaria, Altagracia Paulino, la directora de ProConsumidor, aconsejando a los ciudadanos que se empoderen para exigir el respeto de sus derechos económicos y sociales, valiéndose de la Constitución y las leyes. Una reforma tributaria tan ampliamente repudiada por sus efectos previsibles, no puede darse de gratis.
Un impuesto injustificable
El impuesto que por vía de la reforma tributaria se aplicará a las compras por internet ha despertado una ola de repudio, no sólo de gente común que se beneficia al adquirir en el exterior bienes a buenos precios, sino también de entidades como la Cámara Americana de Comercio, las empresas de couriers y otros, que argumentan que esa decisión estaría en conflicto con el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA).
En un país en que se suele abusar del consumidor, la oportunidad de defender el peso no debe ser coartada con un impuesto que no tiene razón de ser. El único argumento contra estas compras proviene de parte interesada no necesariamente afectada por las compras online. El Gobierno haría bien en reconsiderar esta parte de la reforma tributaria, como lo ha hecho con otros renglones.
