Mario Mendez 
El país tiene como meta alcanzar el grado de inversión.
Es necesario que mejore el comportamiento fiscal a través de reformas fiscales y del sector energético, y abordar el déficit cuasi-fiscal del Banco Central
Desde julio de 2022, el riesgo país, medido como el diferencial del rendimiento de los bonos dominicanos en dólares y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, muestra una tendencia descendente. Esto es positivo porque significa que ha aumentado la confianza de los inversionistas en la economía dominicana.
En julio de 2022 el riesgo país de RD estaba en 549 puntos, solo un punto por debajo del promedio de América Latina, que era 550 y menor que el de Costa Rica (467) y México (428).
Al cierre del 2023 el riesgo país de la República Dominicana había bajado a 250 puntos, 118 puntos más bajo que el promedio de América Latina, que fue de 368 puntos.
El nivel de riesgo país de RD seguía por debajo del de México (341 puntos), pero fue superior al de Costa Rica (239 puntos). Esto quiere decir que Costa Rica avanzó mucho más que la República Dominicana en la disminución del riesgo país.
Con la reducción del riesgo país también ha mejorado la calificación de Riesgo por parte de las agencias calificadoras. Standard and Poor’s elevó la calificación del Estado dominicano de BB-» a BB. Fitch Rating la había mejorado el 20 de julio de 2017 de B1 a B3.
El propósito de las actuales autoridades (así lo ha hecho saber el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, es que el país siga mejorando su nivel de riesgo hasta alcanzar el grado de inversión, que da garantía a los inversionistas de la capacidad financiera del Estado deudor y su disposición a pagar sus pasivos.
Para lograrlo el país tendría que obtener una calificación crediticia de BBB- o mejor, para el caso de las agencias clasificadoras Fitch y Standard & Poor’s; o de Baa3 o mejor bajo la metodología de calificación de Moody’s.
¿De qué dependerá que el riesgo país siga mejorando?
De que implementen medidas de consolidación fiscal que eviten riesgo de liquidez del Gobierno.
Tanto el FMI como las propias calificadoras de riesgo han planteado la necesidad de que se mejore el comportamiento fiscal a través de reformas fiscales y del sector energético o abordando el déficit cuasi-fiscal del Banco Central.
De esta manera se lograría una disminución de la exposición de la deuda pública que aseguraría su sostenibilidad.
Esto debería venir aparejado con un reforzamiento de los logros ya alcanzados en el fortalecimiento institucional del país.
