Grupos de congresistas, a partir de una propuesta que empezó a circular en redes sociales, han lanzado la idea de que se retire parte de los fondos de pensiones que tienen los cotizantes, y se entregue como un ingreso para afrontar la contingencia económica actual.

La medida aparentemente suena bien. Tiene su origen de la toma de consciencia de la gente de que los fondos de pensiones son el fruto de su sudor, y la indignación creciente debido a que esos fondos rinden ganancias exorbitantes para unas empresas financieras que parasitan de ellos, mientras las pensiones son y serán de hambre, y en un momento como este se le dice a la ciudadanía que sobreviva como pueda.

Pero de la consciencia y la indignación ciudadana a la propuesta político-legislativa hay un paso que debería diferenciarla de la demagogia. La política pública no está para parecer que se defiende al pueblo cuando en verdad no se le beneficia e incluso se le perjudica, sin querer perturbar la tranquilidad de los poderosos. La política pública está para defender derechos en base a la justicia social.

En efecto, cuando vamos a los datos del sistema de pensiones, lo primero que sabemos es que sólo está cotizando el 47% de los supuestos afiliados. El sistema es un desastre social que deja fuera a la mayoría de quienes trabajan, sencillamente porque está diseñado en función de la seguridad empresarial-financiera y no de los derechos.

Al ver su composición, casi el 98% de las empresas cuyos trabajadores cotizan son micro, pequeñas y medianas. El 38% de los cotizantes a diciembre de 2019 ganaba como máximo RD$13,482, por debajo de la canasta básica de la población más empobrecida (RD$14,465.46). Otro grupo grande que gana un poco más, completa el 72% de todos los cotizantes, y su salario mensual es menor a la canasta familiar nacional, calculada en RD$31,379.83. La mayoría de los cotizantes, además, no superan 80 de las 300 cotizaciones mínimas y más de 60 años que se requieren para aspirar a una pensión básica.

Esto quiere decir que el esfuerzo grande lo ponen casi en su totalidad las empresas que parten brazos; que lo hacen trabajadoras y trabajadores que ganan mal, que difícilmente podrán lograr una pensión y quienes la tengan será de miseria, por un sistema que condena cada quien a su suerte, bajo el título de “capitalización individual”.

Mientras tanto, los fondos de pensiones ya superaron el 17% del PIB y las cuentas individuales superaron los 556 mil millones de pesos. Las AFP le han tumbado a esa mayoría de pequeñas empresas y trabajadores sacrificados, 64 mil millones de pesos en utilidades y “gastos operacionales”, fundamentalmente obtenidos de los impuestos de todos y todas, pues el grueso del dinero lo invierten en deuda del Ministerio de Hacienda y papeles del Banco Central.

Frente a esto, no es ético empobrecer más las pírricas cuentas de la gente, para darles un dinero que les alcanzará para muy poco, y que será a costa de tener prácticamente nada cuando por edad, discapacidad o fallecimiento más se necesite.

Este momento de emergencia nacional es una prueba de fuego para mostrar por dónde le entra el agua al coco. Frente a una crisis, la solidaridad significa que quienes más tienen (sobre todo si lo tienen a costa de otros) den más, ayudando al que tiene menos. Eso deben hacer los congresistas, los partidos y el gobierno.

En vez de castigar a los ya golpeados, en este momento de crisis hay que legislar urgentemente para exonerar a la mayoría de las empresas pequeñas de las cotizaciones a la Seguridad Social que van a las ARS y las AFP, equivalentes casi al 21% de cada salario, y que eso no signifique perjuicio alguno para la gente. Asimismo, exonerar al Estado de pagar la deuda con las AFP. Y que sean éstas, con sus ganancias presentes y futuras, las que aporten a un fondo de asistencia económica a los cotizantes, en un acto de mínima justicia, civismo y patriotismo.