Ciertas noticias en países latinoamericanos y en otras regiones del mundo parecen justificar las que aquí se toman en materia económica. Especialmente la reducción en las tasas de interés. También lo es, el aumento del gasto público (preferiblemente de la inversión) para relanzar el empleo y el consumo.

No faltan aquellas que flexibilizan las regulaciones bancarias para incentivar los préstamos (no para que el gobierno se endeude y malgaste el dinero). O que protegen con subsidios a la gran masa de desempleados por los despidos masivos.

La devaluación de la moneda no deja de ser un atractivo para los que quieren proteger sus cuentas externas y mejorar su competitividad. Esto, sin embargo, no es del agrado de estas autoridades.

Podemos suponer que si muchas economías del tercer mundo toman estas detcisiones, es porque son correctas en los momentos de crisis mundial.

El  problema es que no todos los países están en condiciones de hacerlo.

Por ejemplo, países con superávit fiscal o déficit menor al 1% del PIB, pueden darse el lujo de incrementar el gasto y la inversión pública aún soportando sus efectos colaterales.

Otros tienen balanza comercial positiva o cuentas externas con muy bajo déficit, y no les afecta que se incrementen las importaciones mediante un mayor gasto público y privado.

Igualmente, países donde el sector privado tiene confianza en su economía y es suficientemente competitivo, responden a las bajas tasas de interés, haciendo nuevas inversiones.    

Lo mismo puede decirse de aquellos países que tienen una deuda pública menor al 10% del PIB o, aún mejor, menos del 5%. Estos pueden endeudarse para incentivar el gasto. El problema es que nosotros no cumplimos con ninguna de esas condiciones. Primero, porque tenemos un déficit fiscal del sector público no financiero de un 3.6% del PIB y un déficit global tres veces mayor.

Segundo, porque nuestro déficit en la cuenta corriente de la balanza de pago es demasiado alto, y cualquier medida para incentivar los créditos al consumo puede agravar esta situación en condiciones de baja competitividad.  

Tercero, porque la calidad del gasto público es penosa, ya que gran parte del dinero de los contribuyentes se despilfarra en beneficio de unos pocos y con fines politiqueros.

Cuarto, porque los agentes económicos criollos conocen la fragilidad de la economía y los agobia una fuerte incertidumbre como para arriesgarse a invertir aún con tasas atractivas (que todavía dictan mucho de serlo). Lo mismo sucede con los inversionistas extranjeros.

Y quinto, por la crisis mundial que aún no ha tocado fondo y tampoco ha llegado ni con mediana intensidad a tocar nuestras puertas. Eso viene, y con fuerza.

¿Cuál es entonces  nuestra medida salvadora? Sólo dos: Primero, reevaluar y redimensionar totalmente la estructura del gasto público y reducirlo, porque con el presupuesto aprobado para el 2009 nada nos salva. Y, segundo, hacerle frente con seriedad al problema de la competitividad, y eso requiere menos obsesión cambiaria y mejor calidad del gasto público.