Demorada, la Junta Central Electoral plantea llevar a los partidos políticos al acatamiento de la norma que restringe el proselitismo de actos públicos y publicidad callejera a un lapso específico previo a las votaciones programadas para febrero en primer nivel. Pero más tardías (o de irrespeto absoluto, más bien) han estado las dirigencias partidarias desbordadas en activismos prematuros, sin sentirse compelidas a acogerse a la institucionalidad en el aspecto electoral bajo el Estado al que se proponen escalar. Les ha faltado el civismo de reconocer la supremacía de la ley que es un mérito al que los liderazgos partidarios deberían aspirar permanentemente predicando con el ejemplo. Con ellos, y con la propia Junta, se impuso el «dejar hacer, dejar pasar» hasta ver lo que ocurre y hasta la sociedad ha pecado de insensible, indiferente. Molesta y callada ante el abuso de mantener encendidos, y sin pausa, los motores de las ambiciones políticas; no para polemizar con altura y contenido sobre los males con fehaciente demostración de que se está en capacidad de resolverlos.

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Pero ¡NO! Los discursos y filípicas son reactivos y de descripción calamitosa con pocos elementos de juicio. Se da relevancia hiperbólicamente a supuestos errores del rival. Parecería tarde para desmontar maquinarias y ánimos electoralistas pero la precocidad partidaria merece reprobación pública y retención de subsidios; sin miedo a reacciones desproporcionadas de quienes están en falta y así fijar un precedente con ejercicio de autoridad.