Las autoridades tienen que ser muy minuciosas en la investigación de las operaciones de financieras no reguladas acusadas de estafar a personas que han querido multiplicar sus ahorros y se han dejado embaucar con ofertas de tasas irreales de rentabilidad. Detrás de la cortina podría haber una maquinaria de lavado de dinero mal habido, tal vez fruto de actos indecorosos cometidos desde posiciones públicas. El marco para esta sospecha lo da la gente que, aun habiendo sido estafada, evita presentar querella contra estos negocios.
Es probable que el mayor número de querellantes sea el de los incautos que depositaron su dinero en estas financieras, atraídos por una oferta de rentabilidad por encima de la que paga la banca regulada. Pero entre los clientes podría haber personas que prefieren mantener la estafa en la mayor discreción, con tal de evitar tener que justificar la tenencia de cantidades importantes de dinero, ya sea fruto de peculado o destinado a lavado desde otros orígenes.
Por un lado, los ciudadanos deben huirle a la tentación de multiplicar dinero a través de negocios que les ofrecen villas y castillas que huelen a estafa. Nadie le va a pagar por su dinero mucho más que lo que paga el sistema regulado. Las autoridades deben atar todos los cabos en la investigación de estos negocios, no vaya a ser que detrás de lo visible haya mucho más que estafa.

Para el Ministerio Público

La versión de la Policía que vincula en un hecho delictivo al taxista Rubén Darío Díaz Pimentel y el mecánico Tirson Antonio Báez Mejía, muertos el domingo por una patrulla de esa institución en Baní, es puesta en tela de juicio por familiares de ambos, quienes aseguran que sus parientes fueron asesinados por los policías. Esto pone en entredicho la afirmación policial de que ambos murieron en un supuesto intercambio de disparos tras un fallido intento de asalto contra un comerciante.
Siempre hemos dicho que el Ministerio Público debe investigar cada uno de los llamados intercambios de disparos en que ciudadanos caen abatidos por policías. Ahora estamos reiterando esa demanda, en el entendido de que hay testimonios que contradicen la versión de las autoridades. El Ministerio Público que haga lo que le corresponde.