Tras la severidad del SARS-CoV-2 que despobló aulas dejando a gran parte de la niñez y la adolescencia dominicanas -tan numerosas en no poderse pagar una educación privada de primera- llega el remate de que la docencia pública tiende a seguir paralizada por desproporcionadas demandas salariales para maestros.

El liderazgo de la asociación que enarbola el reclamo apela a la violencia de cerrar escuelas sin una previa conversación con autoridades y alguna representación de los padres de alumnos llevados inopinadamente a los vacíos de la enseñanza más esencial.

La ADP confronta incluso con su radicalización e insensatez a una grandísima parte de la sociedad sumida todavía en el trauma generalizado de la parálisis educativa que en diversos grados hizo perder casi dos años de aprendizajes al país, trecho que solo pudo ser minimizado por un reducido sector con capacidades para lo virtual desde un confort que excluye a los demás.

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El recurso huelgario troncha de forma inaudita, mientras dure, el proceso de superar la ignorancia que por inviolable derecho corresponde a estudiantes del estrato social medio y a la inmensidad de la pobreza.

Por poco que dure, existiendo la posibilidad de que se extienda, resulta un exceso que acentúa la injusticia social, el privar de escolaridad a los sectores de pocos ingresos por exigencias de pagas más altas para el sector laboral más atendido por el Estado en este lustro en disponerle mejorías en sus remuneraciones.