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POR ADOLFO MARTÍ GUTIÉRREZ
El tema de la agricultura mundial es considerado el motor que impulsa las modalidades de negociación de las cumbres ministeriales de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Actualmente, las expectativas se centran en las diferencias en las posiciones de negociación de los distintos miembros. La Ronda Doha de Negociaciones Comerciales tiene como plazo final diciembre de 2006, plazo que ha sido cuestionado en las últimas reuniones debido a la poca ambición demostrada por algunos de los Miembros para avanzar en las negociaciones. Para que el nivel de ambición de la negociación no se reduzca, algunos miembros importantes de la OMC tales como la Unión Europea y los Estados Unidos, deben realmente comprometerse en las negociaciones y presentar propuestas que beneficien especialmente la liberalización del sector agrícola, permitiendo el acceso a los mercados para los países en desarrollo.
La OMC ha sido criticada fuertemente por la falta de avances sustanciales en materia comercial multilateral, pues reuniones ministeriales anteriores (Seattle, Cancún) han fracasado en alcanzar resultados sustanciales debido a la falta de consenso entre los miembros en los temas de negociación, especialmente en agricultura. El fracaso de la próxima reunión ministerial es algo que se desea evitar a toda costa, especialmente porque después de la reunión, el plazo para culminar las negociaciones es de 12 meses. Las expectativas para la próxima reunión ministerial van desde concretar el avance logrado a partir de 2004, así como concretar medidas en los temas del desarrollo, la adopción de medidas especiales para el comercio de los países mas pobres, medidas de coherencia entre la OMC y otras instituciones de Bretton Woods (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), la erosión de las preferencias comerciales, los productos tropicales, las economías pequeñas y el programa de ayuda para el comercio.
Los antecedentes
Después de la Segunda Guerra Mundial y tras los acuerdos de Bretton Woods que crearon el FMI y el BM se desarrollaron las negociaciones que permitieron que el 1º de enero de 1948 entrara en vigor el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Para entonces, el intercambio comercial internacional entre los Estados signatarios representaba el 80% del comercio mundial, pese a que todavía no se habían independizado las colonias asiáticas y africanas. Los productos agrícolas quedaron fuera de este acuerdo, sobre todo por el interés de Estados Unidos de proseguir con su política agrícola, altamente proteccionista, y porque al estar recién acabada la Segunda Guerra Mundial aún no tenían problemas financieros. Los países europeos, a su vez, debían comenzar su reconstrucción y también la de su devastada agricultura. En aquel momento, Europa era una importadora neta de alimentos. Los países exportadores, Estados Unidos y aquellos productores de carnes y cereales que no habían entrado en guerra o habían participado poco, como Argentina, Brasil y Australia, continuaron con su política de exportación a una Europa necesitada de alimentos. El resto de países independientes no importaban alimentos básicos y sus intercambios comerciales eran sobre todo a nivel regional.
Ya en los 60s, una economía mundial proteccionista se centraba en la construcción de una gran industria agroalimentaria. Europa logró el objetivo de pasar de región importadora neta de alimentos a región exportadora. Y países tradicionalmente industriales se convirtieron en exportadores de alimentos. Este sistema funcionó, con altibajos, hasta la década de los 80, cuando, debido al impacto de la deuda externa y la bajada de los precios del petróleo, los países periféricos importadores dejaron de ser solventes. En esa década las exportaciones agrícolas de Estados Unidos dejan de equilibrar su déficit comercial y, por el contrario, lo aumentan. Y es entonces cuando Washington comienza a presionar para incluir los productos agrícolas dentro de las competencias del GATT y se interesa por la apertura de los mercados agrícolas. Parecía que, de esa manera, la guerra comercial por la competencia en los mercados internacionales entre Estados Unidos y Europa podía llegar a su fin. Pero en ese momento entra también en acción un conjunto de países, llamado el Grupo de CAIRNS, que, si bien desea la apertura total de los mercados, sus campesinos no tienen subsidios como ocurre en los países desarrollados. Por tanto, insisten con fervor en la eliminación de las barreras arancelarias.
El efecto «dumping» o la inundación del mercado con productos agrícolas a bajo precio (como los excedentes producidos por la Unión Europea o Estados Unidos), siguen teniendo un efecto particularmente perverso sobre las débiles economías de los países en desarrollo. Otras medidas utilizadas son la protección a través de aranceles para impedir o no facilitar importaciones que puedan distorsionar el mercado interno y las ayudas económicas internas a los productores. Es de este modo que, en el marco de la Ronda Uruguay, el llamado acuerdo sobre la agricultura mundial (AoA, según sus siglas en inglés), entre 1986 y 1994, quiso constituir un paso significativo para implantar una competencia más leal, mejores accesos a los mercados y lograr que el mercado agrícola sufriera las menos distorsiones posibles. El acuerdo prevé reducciones graduales a medidas de protección y subsidios (anexos al Protocolo de Marrakech), pero, en la práctica, ha sido lento el avance logrado e ineficaz la regulación y evaluación de sus resultados.
Las perspectivas
Luego de los atentados del 9/11, las Nuevas Rondas de Comercio sobre las negociaciones agrícolas reconocen que, aparte de los problemas que ocasiona la política económica internacional, los problemas que afectan a los países mas pobres están determinados también por la inestabilidad política, las crisis institucionales, el clima desfavorable y las enfermedades. Es así que las negociaciones buscan maximizar los aspectos beneficiosos de la globalización y minimizar las consecuencias negativas. Sin embargo, el mundo parece oponerse aún a una liberalización total de la agricultura, prefiriendo más bien un tratamiento diferenciado para la agricultura (considerando intervenciones por los costos de mantenimiento de las poblaciones rurales, de una agricultura sostenible, de la seguridad alimentaria y del mantenimiento de la tierra y el medio ambiente).
No obstante, la tendencia parece señalar el camino de dos vías encontradas. Por un lado, los objetivos económicos de la agricultura mundial podrían estar diseñados para llegar a la liberalización total de los intercambios agrícolas y tener como efecto poner en peligro la seguridad alimentaria y el mundo rural en todos los países. Esto así porque en la agenda de la Nueva Ronda está la decisión de concluir un compromiso «único» sobre un paquete de medidas que, no solamente incluyen la agricultura, sino también los servicios y las patentes entre muchos otros ítems. Parece que los países que firmen este acuerdo, en la tradición de la OMC, no podrán hacer ni una elección, ni una selección de los acuerdos. Será o todo o nada. Por otro lado, más de 1,500 organizaciones que trabajan sin afán de lucro en todos los sectores, incluida la agricultura, parecen señalar que los objetivos económicos de la agricultura mundial estarán conducidos a tener que oponerse a una nueva ronda de negociaciones.
Esto es debido a que los acuerdos existentes hasta hoy, no están ni completa, ni correctamente aplicados. No ha habido tampoco una evaluación de las formas en que estos acuerdos fueron ejecutados, ni de su impacto social ni medioambiental. Esencialmente, se pone de relieve la existencia de tres razones básicas: 1) que existe un desequilibrio entre derechos y obligaciones de los países, en perjuicio de los más pobres; 2) que la aplicación de las normas de la OMC provocan competencia desleal; y 3) que la OMC padece de una falta total de democracia (un país, un voto, pero nunca se vota).
Como solución a la falta de un acuerdo agrícola mundial las alternativas realistas apuntan a que los puntos acordados deberán ser válidos tanto para los países desarrollados como para los países en desarrollo. Podríamos deducir que cualquier alternativa no hará otra cosa que dejar de priorizar la liberalización comercial y la absoluta primacía del derecho a exportar sobre la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ecológica y otros ámbitos no comerciales. Es por eso que, entienden los expertos, una posible solución estaría fundamentalmente dirigida a combatir dos frentes: eliminar el «dumping» y dejar que cada país elija libremente su propia política agrícola.
Para eliminar realmente el «dumping», o la práctica de exportar a precios más bajos que el costo de producción, deben tomarse tres medidas básicas: 1) prohibir los subsidios directos a la exportación. Una operación relativamente sencilla ya que los subsidios directos son bastante transparentes y solamente la Unión Europea los usa en gran escala; 2) permitir la exportación de productos provenientes de mercados subvencionados, solamente si el equivalente monetario de todas las ayudas se incluye en el precio de exportación; y 3) obligar a los monopolios y oligopolios de exportación, tanto públicos como privados (sobretodo corporaciones transnacionales), a la máxima transparencia, lo que permitirá controlar la adecuación a las reglas contra el «dumping».
En cuanto a permitir a su vez a los países desarrollar libremente la política agrícola nacional que más les interese, incluso el derecho a la independencia de toda organización, se deberán reescribir las normas del comercio internacional. Entre ellas, se destacan tres medidas:
1) eliminar la obligatoriedad de una cuota de importación, pues sólo sirve para forzar la apertura de nuevos mercados a los exportadores e impide la autosuficiencia alimentaria;
2) permitir cualquier tipo y nivel de ayudas internas, pues si se cumplen las reglas antidumping, las ayudas internas deben ser decididas por los gobiernos respectivos; y
3) permitir cualquier tipo y nivel de control aduanero, pues la protección por aranceles es mucho más transparente que los sistemas de pagos directos que, en resumidas cuentas, son pagados por el consumidor en forma de impuestos. Esta política puede considerarse proteccionista, pero la idea básica no es detener el comercio internacional sino que todos los países puedan alcanzar la soberanía alimentaria. Esto quiere decir, poder elegir con qué productos y en qué extensión participan en el comercio agrícola internacional.
El autor es economista y profesor universitario.
E-Mail: adolfomarti@verizon.net.do
