Los intentos reeleccionistas de Leonel Fernández están impidiendo que se concrete la actual revisión del acuerdo con el FMI. Por un lado, el compromiso de eliminar el subsidio eléctrico ha encontrado mucha resistencia dentro del gobierno ya que eso es prácticamente imposible sin un aumento brutal de la tarifa eléctrica, la cual se encuentra entre las más cara del mundo. Ese aumento sepultaría definitivamente las exportaciones dominicanas y su capacidad de competir, sin contar el fuerte impacto político e inflacionario en toda la cadena alimentaria.

Pero también las deudas negociadas con los generadores han vuelto a crecer y eso le genera nuevos problemas financiero al gobierno, que ya está en el límite de la sostenibilidad fiscal. Esas deudas sobrepasan los US$100 millones cuando se supone que deben estar en cero.

La intención de indexar los combustibles, es otra disyuntiva ya que se hace en un momento improcedente y para compensar las arcas de un gobierno que violó reiteradamente la Ley de Hidrocarburos para hacerse el gracioso en las tres campañas electorales pasada. Lo que hizo el Ministerio de Industria y Comercio con el ajuste en el precio de los combustibles, es una irresponsabilidad ya que los mantuvo congelados durante meses por razones electorales mientras el precio del petróleo subía. Para evitar una confrontación con el empresariado, optó por dejar sin efecto la revisión de la Ley de Innovación y Competitividad Industrial, que buscaba eliminar incentivos con fines fiscalistas, acordando mantener la indexación de los combustibles sin consultar a más nadie.

Pero el principal problema está en el área fiscal. El acuerdo con el FMI fijaba dicho déficit en 47 mil millones de pesos en el 2010, de por sí muy alto, pero en los primeros 6 meses del año este alcanza los 63.8 mil millones, esperando que cierre sobre los 80 mil millones en diciembre, proyectando las recaudaciones y los gastos.

¿Cómo cerrar esa brecha monstruosa? Obviamente, no podrá ser con más impuestos ya que la indexación a los combustibles, de aplicarse como está prevista, generaría unos 3 mil millones de pesos.

¿Reducción del gasto? El gobierno está haciendo todo lo contrario porque sigue aumentando sus gastos corrientes (aunque la inversión pública está paralizada) cuando apenas comienza la campaña por la reelección, que ya en su fase inicial está costando mucho dinero.

La única manera de cuadrar las cuentas sería aumentando de 47 mil a 70 mil millones el tope al déficit fiscal contemplado en el acuerdo y endeudarse por 20 mil millones de pesos adicionales de aquí a diciembre. Opción difícil, que obliga al Fondo a ceder demasiado donde no debe ceder.

Definitivamente, la economía dominicana llegó a su límite. Su única salida es reducir el gasto en forma drástica para cerrar la brecha fiscal que lo separa del acuerdo con el FMI, lo que frenaría el crecimiento y afectaría los propósitos reeleccionistas del Presidente. Y eso contradice la propia esencia del Gobierno de Fernández, cuyo único fin es perpetuarse en el poder usando el dinero público.

Por ello, el Gobierno llama de nuevo a los empresarios para comprometerlos ante el FMI en la búsqueda de más recursos por la vía que sea, incluyendo el aumento de la tarifa eléctrica. Salen riéndose del Palacio, pero encabronados por dentro.

La pregunta es ¿Qué hará el FMI? ¿Apostará por la reelección de Leonel Fernández, dando más concesiones para el dispendio y la corrupción o por la estabilidad macro-económica, exigiendo reducción del gasto, mejora en su calidad y transparencia en el quehacer público e institucional?