Era el año 1992. Wilson Gómez presidía el Colegio de Abogados de cuya Junta Directiva me honraba con ser vicepresidente. Recuerdo a  Joaquín Luciano,  también directivo, cuando dijo: “La vela debe estar ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre”.

Se refería Luciano a la negativa del doctor Gómez a patrocinar con dinero del CARD una picadera consistente en galletas “Guarinas” y queso “Patrón de Oro” consumidos habitualmente durante las reuniones de la Junta, requiriendo, un  “serrucho” de los directivos para cubrir tales costos.

Me sorprende la información de que directivos del Colegio reclaman la asignación de sueldos insospechadamente altos, así como vehículos de lujo para uso individual. Me resisto a creerlo. Conozco algunos de los dirigentes del CARD y tengo en alta estima su honorabilidad. No obstante, es necesario saber si los fines para los cuales fue creado el Colegio  se mantienen como parte  de la agenda de sus directivos.

La ley 91 y el Estatuto Orgánico establecen entre los objetivos del CARD: Organizar, unir y disciplinar a los abogados, estimulando la solidaridad entre ellos. Defender los derechos de los abogados y el respeto y consideración que merecen y se deben mutuamente, así como los intereses morales, intelectuales y materiales de la profesión. Organizar servicios sociales, seguros, planes de retiro, en favor de los   abogados necesitados. Por igual, adoptar un Código de Ética.

Nada de lo que se dice ahora del Colegio de Abogados está asociado a estas ideas. Sus directivos deben explicarle a la membresía cuál es la situación real. Creo, por demás, que esta institución es indispensable para la regulación de la profesión y que debe ser  rescatada, fortalecida y vigilada. ¿Quién se anima?