Recientemente se difundió públicamente un estudio realizado por el MINERD que muestra en el año escolar 2022-2023 el registro en los centros educativos de un total de 1,422 estudiantes embarazadas de las que en 112 su embarazo es el resultado de violación sexual, 28 por causa de incesto. Igualmente 3,105 que son madres y 1,158 padres adolescentes.

Resulta muy importante que el Ministerio de Educación visibilice públicamente una situación que ha sido y es la realidad de la población estudiantil en nuestros centros educativos. Las aulas albergan una población infantil y adolescente víctima de acoso, abuso sexual, uniones tempranas tanto femenina como masculina.

Estudios cualitativos que hemos realizado en las escuelas (2011) (2017) (2019) presentan una interacción entre estudiantes marcada por el acoso sexual y los relatos de prácticas de explotación sexual, abuso sexual y manejo de una vida sexual activa en población infantil y adolescente femenina y masculina. La doble moral que ha marcado el abordaje de la sexualidad en la escuela ha favorecido que estas situaciones no se incorporen a los procesos educativos con un enfoque de género y derechos para incidir en la ruptura de estos círculos de violencia sexual. Por el contrario, el personal docente, orientación y directivo se mantiene de espalda.

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La situación de las adolescentes embarazadas y madres en los centros educativos se convierte en muchos casos en “un problema” que genera discriminación, bullying y exclusión social. Muchas familias y docentes entienden que las niñas y adolescentes que no son madres ni se embarazan no “deben” juntarse con las que son madres, se entiende que “contaminan” a las demás, lo que provoca que muchas de ellas se trasladen al programa de adultos independientemente de la edad, lo que no ocurre con padres adolescentes que pasan desapercibidos.

El estudio publicado por el MINERD interpela a esta institución al personal docente, directivo y de orientación de los centros educativos, a las asociaciones de padres y madres de las escuelas y a la sociedad en su conjunto. No podemos seguir con la doble moral y un abordaje superficial de la la educación sexual que excluye este contexto social. La comunidad educativa debe repensar el currículo escolar desde la cotidianidad y la realidad que sufre el estudiantado.

La ausencia de educación sexual integral impacta negativamente en la población infantil y adolescente de este país y si la escuela continúa negándole empoderamiento como sujetos titulares de derechos sexuales y reproductivos seguirán exponiéndose a riesgo de abuso sexual, explotación sexual, uniones tempranas y embarazos no deseados sin procesos de acompañamiento, orientación y herramientas para su prevención como ha sucedido hasta ahora.