Contrario a décadas atrás de buena vecindad, humano y generoso proceder, nuestro país, en proporción con su población, hoy es uno de los de más confrontaciones, pleitos y litigios; nadie quiere armonizar, transar ni ceder, el egoísmo se ha aposentado en los corazones haciendo desaparecer el orden, la solidaridad y el bien común. Atónitos vemos los cuarteles llenos de querellas, denuncias, imputados, las fiscalías repletas de fiscales afanados; en los tribunales un estancamiento y cúmulo insólito de expedientes, no importa que la materia sea penal, civil, laboral, de tierras, administrativo, de menores, de familia. Es una locura increíble.

El Estado, tratando de buscar paliativos a la situación, sólo en los últimos 20 años ha creado o instituido decenas de tribunales, ejemplo: Constitucional, Salas en la Suprema Corte de Justicia y Cortes de Apelación, Superior Electoral, las Cortes y Juzgados de Trabajo, las Cortes y Tribunales de Menores, Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, Tribunal Superior Administrativo, Tribunales Colegiados de las Cámaras Penales, etc., etc.) y con estas nuevas jurisdicciones han sido designados también cientos de magistrados jueces. Lo mismo ocurre con el Ministerio Público. También el Estado promulgó una avanzada Constitución y nuevos códigos y normativas en general. Tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público en el mismo período se les ha incrementado en gran medida sus respectivos presupuestos y recibido grandes aportes por asistencia internacional y las tasas que estos han ido estableciendo por sus servicios.

En la Policía Nacional, la DNCD y otros órganos preventivos y represivos se ha aumentado sustancialmente el número de miembros, de infraestructura y logística, con mayor posibilidad de ofrecerse un servicio de más eficacia y alcance a la ciudadanía en su seguridad.

No obstante, observamos hechos o acontecimientos que demuestran que esos esfuerzos no han traído los resultados esperados, pues la delincuencia y desafíos inmorales siguen galopantes. Veamos: los sicarios y miles de imputados en rebeldía hacen de las suyas en las calles, la proliferación indiscriminada de armas de fuego en manos de cualquiera, una gran parte de nuestra juventud minada por las drogas y la falta de aspiración y de desarrollo, y otros fanáticos de lo fácil, de lo bueno, de lo mucho y de lo rápido; los vecinos en constantes discordias, los familiares matándose entre sí por no ponerse de acuerdo para dividir los bienes de las herencias que les corresponden.

El sexo irresponsable haciendo estragos en el seno social, la violencia intrafamiliar y de género, los colmadones sembrando zozobra, vagancia e intranquilidad todos los días y a toda hora en los barrios, los pícaros no pagan, el clientelismo político por sus anchas, el desorden y la imprudencia en el tránsito y/o transporte a tal punto que ocupamos el primer lugar como el país de América Latina con mayor índice anual en accidentes y muertes por el tránsito; los espacios públicos son un pandemónium , los políticos en su mayoría corruptos e inescrupulosos… en lo “suyo”, y en fin, la inseguridad ciudadana a tal extremo que aquí matan a cualquiera “hasta para quitarle una gorra”, entre muchas otras situaciones conflictivas.
No es cuestión de muchos policías, fiscales, jueces o leyes. Es hora de un sacudimiento generalizado de nuestra sociedad, donde nuestras instituciones más idóneas: Iglesias, asociaciones, clubes, organizaciones no lucrativas e instituciones del buen quehacer social, provoquen acercamientos sectoriales tendentes a reflexiones amplias sobre estos asuntos y el gobierno, con todos los recursos que tiene a su alcance, apoye las transformaciones que se visualicen como correctoras de estas conductas que están haciendo invivible e hiriendo de muerte la nación dominicana.