Definitivamente, como escribió nuestro poeta nacional Pedro Mir: “Este es un país muy especial”.  En nuestro país se denuncian a diario graves casos de corrupción por los medios de comunicación, tanto por radio, televisión y escritos, que de haber sido acusados en un país “más o menos civilizado”, estos funcionarios públicos asalariados se verían compelidos a renunciar, ya que de no hacerlo, el organismo superior correspondiente los hubiese cancelado inmediatamente.  Sin embargo, fruto de la descomposición en la cual se encuentra actualmente nuestra sociedad y de la ausencia de vergüenza y ética de los que conducen el Estado Dominicano, las denuncias les resbalan como si estuvieran ensebados y sus honras, si las tienen, serían más resbaladizas que una lisa.

    La mayoría de los funcionarios públicos no tienen dignidad alguna y, si se les enrostra alguna  indelicadeza, saben que el correr del tiempo es su mejor aliado.  Por eso, lo único que les interesa es sacar el mayor  provecho  desde la posición que ostentan y si además pueden beneficiar a un familiar, amigo o “cachanchán”, lo hacen rápidamente para tener más tiempo a ripostar en caso de que algún contrario o miembro de la prensa se lo eche en cara.

   Funcionarios soberbios, protegidos y prevaricadores son vistos haciendo ostentación de riquezas y bienes mal habidos.  Paupérrimos ciudadanos de ayer, son hoy influyentes burócratas que no pueden justificar en sus declaraciones juradas el origen de su patrimonio, amasado a base de prebendas y canonjías.  Los privilegios irritantes de unos pocos, son objeto de observancia por parte de una masa silente que sabe el momento cuando su protesta será tomada en cuenta para flagelar y erradicar a los que fomentan la corruptela en la cual actualmente vivimos.

   Hay periodistas que cuando imputan  o prueban a determinado funcionario gubernamental hechos irrefutables, siempre aparece un adulador, rastrero por ende, que está presto a defenderlo y certificar que lo que el acusador asevera es falso de toda falsedad.  Así las cosas, cuando los comunicadores se dan cuenta que las autoridades no les hacen el más mínimo caso,  para no incurrir en una posible demanda judicial por difamación e injuria, tiran la toalla, lo cual permite que las acciones dolosas continúen.

   Si en lugar de poner en dudas las situaciones denunciadas, las autoridades tratasen de investigar el fondo de las mismas, estamos seguros que muchas de las tropelías que continuamente se cometen, no ocurrirían.  Pero no, es más fácil decir a ese medio le ha cogido conmigo, que la autoridad competente ordene una exhaustiva e imparcial investigación para llegar al fondo de la verdad.  Entendemos entonces, que de no ser cierta la denuncia, el acusado podría entonces incoar una demanda por daños y perjuicios ante los tribunales de la República.  Sólo así se podrá poner un alto a la escala de denuncias que debemos admitir,  en algunos casos resultan temerarias.   El principal problema que se suscita es, que el organismo encargado de combatir el flagelo de la  corrupción, es inoperante por no decir una nulidad absoluta que puede ser invocada en todo estado de causa.