Un lanzador malo corre el riesgo que le adivinen los lanzamientos. Así pasa con algunos exponentes del bestiario político del PRD que pretenden confundir con engañifas y tácticas dilatorias procesos que, tanto el ojo ciudadano como la sed por devolver a la organización por la senda democrática, están esperando con bastante ansiedad. Por eso, las sentencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) sirven para develar el temor a competir de los actuales administradores de las siglas partidarias y sus intentos de retardar cualquier fase de escrutinio donde las bases se expresen libremente.
El 20 de julio se cumplen cuatro años del proceso convencional donde toda la sociedad observó la naturaleza autoritaria de Vargas Maldonado. Tiros, trampas, padrones falseados y un club de filibusteros protegiendo el botín. Aunque la sentencia ordenó iniciar la fase de competencia interna, no convoca la comisión política debido al interés en ganar tiempo para estructurar una red de prácticas siniestras donde se le asignan cheques a compañeros, intentan utilizar al Tribunal Constitucional como alentador de esperanzas que reviertan las decisiones del TSE, compran dirigentes para hacer de su llegada al partido “trofeos” fácilmente identificados en las nóminas públicas y se apuesta a una interpretación estatutaria para extenderse en el control del aparato partidario.
En interés de ganar tiempo, vendrán toda clase de perversidades consistentes en conseguir el “auxilio” del Gobierno, coquetear con un sector del PRM y convencer con la fuerza de las papeletas a rostros disidentes articulados en la corriente cuestionadora de la actual dirección. Y es que en el orden práctico, el sector que se identifica con Miguel Vargas Maldonado sabe perfectamente lo dañado que está en la estima de la sociedad, y por vía de consecuencia, se torna imposible validarlo en procesos democráticos, fiscalizados por la Junta Central Electoral y escrutado por la sociedad civil.
Las declaraciones de “aspirar” en el 2020, llevar candidatos al congreso y ayuntamientos constituyen pretensiones irrealizables debido a un incuestionable hecho político: una organización y/o aspiración administrada por Vargas Maldonado no tiene la menor posibilidad de tocar las puertas del éxito porque él es un producto electoral y socialmente rechazado. Inclusive, el interés de presentar su gestión en el Ministerio de Relaciones Exteriores como “exitosa” obedece a la lógica de que la inversión mediática facilitaría una reparación de su valoración y trampolín para mantenerse en la órbita partidaria. Qué iluso!
El drama es que cuando un dirigente articula cercanías como resultado de ventajas financieras no confía en nadie. De ahí, el riesgo que corren sus colaboradores en convencerlo de que no se someta a una etapa convencional y active sus energías en ganar la convención extraordinaria. Hacerlo lo aterra, porque la única manera de darle sentido a su ”aspiración” es controlando todos los resortes del proceso, porque cuando un político no posee carisma, formación intelectual, atractivo y condiciones singulares, el dinero representa su razón de existir. Para que tengan una idea clara al respecto: los años de gestión de Vargas Maldonado en la jefatura del PRD han posibilitado el uso de casi 3 mil millones de pesos vía la JCE. No obstante, no ha podido construir un espacio de respetabilidad en la sociedad.
A los que le asigna chequecitos no los convence, quienes le acompañan delatan sus pasos, si nombra dos el resto se enfurece, tiene en el engaño y promesa de solución económica el argumento para conseguir votos. Afortunadamente, los plazos están ahí. Y como en su agenda de retardos está la de esperar hasta el 20 de julio y pretender seguir de manera ilegal, la ruta de solución institucional la conocemos.
Lo de Miguel Vargas es penoso. Ignora el rostro de indignación que se apodera de tantos que, saben el sufrimiento de los perredeístas, y esperan la convención para el desquite. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague.