Cuenta la leyenda que Graco –noble general romano de la antigüedad– desesperado, galopaba sudoroso y apresurado sobre el blanco arenal de la playa con la idea de que los esbeltos y envalentonados soldados que lo esperaban iban a protegerlo. Posteriormente constató que había cometido un inmenso error; en realidad, los pretorianos no eran sus salvadores, eran sus verdugos.

Esta leyenda ilustra lo que ha sucedido en República Dominicana cuando se destapó el descomunal escándalo de corrupción de la gigantesca empresa brasileña Norberto Odebrecht que, con sus métodos non santos estremeció las fibras más sensibles de los ciudadanos de América Latina.

Los ejecutivos de la multinacional confesaron que durante el período comprendido entre el 2001 y el 2014 pagaron 92 millones de dólares en sobornos para la obtención de los contratos en República Dominicana.

Organizados en redes de indignación y esperanza –como diría Castells– cientos de miles de personas abarrotaron las calles exigiendo justicia, presionando a las autoridades para que emprendieran “las cruzadas” contra la corrupción política y empresarial.

Sin embargo, el astuto, sagaz y todopoderoso procurador Jean Alain Rodríguez, como buen malabarista de circo, prefirió la puesta en escena mediática antes que hacer justicia. Presentó un expediente exclusivamente con funcionarios, políticos, legisladores, y tomando como chivo expiatorio a su mejor carnada: el representante comercial de la multinacional, Ángel Rondón.

Ese expediente natimuerto, fundamentado en expresiones como: “yo creo”, “pudiera ser”, cargado de errores –hasta ortográficos–, le atribuía obras a funcionarios que no se correspondían con el período por el cual habían sido designados, e incluso, llegando a la perversidad de achacarle depósitos de 50 millones de pesos a un ex director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) cuando en realidad eran de 500 mil pesos.

Un estudiante de derecho de cualquier universidad hubiese presentado mejor expediente que el adefesio que presentó el acicalado y omnipotente procurador.

A tal grado, que la honorable magistrada Miriam Germán, presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, expresó frente a todo el país que le atormentaba el aspecto probatorio del caso y que, si se quiere augurar un resultado esperanzador, el Ministerio Público debería fortalecer su base probatoria.

Pero no, contrario a lo que sucede en Perú y en otros países de la región, el poderosísimo Procurador General de la República, al estilo de Graco, prefirió aliarse con los pretorianos locales de Odebrecht –creyendo que serían sus salvadores–, hasta el punto que ni siquiera los ha invitado a degustar una taza de café caliente por su pomposo despacho.

Se ha optado por reeditar el circo mediático con nuevos actores; dos periodistas – Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara– que coincidencialmente, han sido los más críticos por la forma selectiva de cómo se han venido desarrollando las pesquisas.

Todo indica que el portentoso y encumbrado procurador ignora de manera ex profesa que el partido que actualmente ostenta el poder ha sido un pilar fundamental en la construcción del clima de libertades que están siendo amenazadas hoy en día.

De manera insólita, la noche del domingo hackearon la computadora de Danny Alcántara y a primera hora de la mañana ya circulaba en las redes sociales el comunicado de la rueda de prensa. De hecho, se intervienen celulares, y quién sabe, pudiese ser que hasta se pretenda desnudar intimidades y la de familiares, indagando hasta la marca del papel de baño que utilizamos.

Por supuesto, los periodistas no están por encima de las leyes y no nos oponemos a una investigación minuciosa de sus cuentas bancarias, solo esperamos que en los días que restan para el vencimiento del plazo fatal, el colérico Poseidón actúe con la misma celeridad y rigurosidad con la guardia pretoriana de Odebrecht.