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Especial para Economía/HOY
Mundialmente se ha entendido y acordado que el Fondo Monetario Internacional y los países deudores realicen programas de estabilización para corregir los desequilibrios externos e internos de corto plazo. Estos convenios han sido establecidos como un pre requisito para poder renegociar la deuda externa de un país. En el caso de la República Dominicana, dichos programas se han condicionado a estrategias de cooperación con los Estados Unidos, su principal gerente, los cuales históricamente han incidido en la economía dominicana desde que tiene una moneda propia, ocasionando efectos considerables en la magnitud de sus balances económicos.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) es el organismo internacional vigilante de la estabilidad financiera, monetaria y cambiaria entre sus 151 miembros, convirtiéndose en un foro permanente de colaboración para tratar temas monetarios globales. Sus objetivos básicos son: contribuir al equilibrio del comercio y, mediante éste, estimular el empleo y los ingresos reales, ayudar a los países a equilibrar sus pagos externos y fomentar regímenes liberales de comercio y de pagos. El supuesto o premisa de que se parte, cuando hay un déficit en la balanza de pagos, es que los pagos en divisas de un país, son más elevados que los pagos que otras naciones tienen que hacerle, lo cual se evidencia por la caída de las reservas de divisas, la depreciación de la tasa de cambio, y los controles de cambios o las restricciones a las importaciones. Las causas de un déficit en la balanza de pagos podrían ser la caída transitoria de las exportaciones, la fuga de capitales, los desequilibrios estructurales y la inflación. Generalmente, se considera a su vez que las causas de la inflación tienen su origen en los déficits gubernamentales (del Gobierno Central, del sector autónomo y descentralizado) y en el manejo de la política cambiaria.
EL OBJETIVO
Los programas de estabilización se expresan a través de los llamados «Acuerdos de Contingencia» o «Acuerdos de Alta Condicionalidad». Dichos acuerdos permiten la eliminación de los desequilibrios estructurales a una tasa de crecimiento socialmente aceptable y su diseño se fundamenta en la llamada «programación financiera» del país.
Un acuerdo de Alta Condicionalidad con el Fondo se basa indefectiblemente en la ejecución de un programa de ajuste, que garantice tanto a esa institución (que va a prestar sus dólares), como al país acreedor, de que se están tomando las medidas de corrección económica, financiera, monetaria y cambiaria, que le van a permitir restaurar el equilibrio de su balanza de pagos y, por ende, su capacidad de pagar sus compromisos con el exterior. Los acuerdos de alta condicionalidad del FMI pueden ser de dos tipos: «Acuerdos Stand By» y los «Acuerdos de Facilidad Ampliada». Los acuerdos son así clasificados bien sean estos considerados en el corto o el largo plazo. El acuerdo «Stand By» dura aproximadamente un año, mientras que los acuerdos de más largo plazo se circunscriben en los acuerdos de «Facilidad de Ampliada».
El fondo tiene por finalidad fomentar el crecimiento del comercio, el empleo y el ingreso real en sus países miembros, ayudándoles, al mismo tiempo, a mantener una posición de balanza de pagos saneada. Las dificultades en la balanza de pagos representan una amenaza para el crecimiento porque afectan el flujo de recursos financieros y de importaciones, lo cual puede perturbar los niveles de desarrollo. Además socavan la confianza en las perspectivas de la economía a largo plazo, desincentivan la inversión y conduce a una utilización menos eficiente de los recursos.
LOS ACUERDOS
El FMI acudió a la República Dominicana en 1959 y en 1965, pero esas negociaciones iniciales tuvieron muy poca incidencia. Según relata Guiliani Cury (1984), en sus «Políticas de Estabilización», el Acuerdo «Stand By» con el FMI era por US$25 millones, suma que no se llegó a desembolsar porque los acontecimientos de ese año produjeron una severa disminución en las importaciones, sin disminuir en proporción similar las exportaciones, generándose un superávit de US$42.9 millones en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Igual situación sucedió en 1959, cuando el país contó con sobrantes comerciales, esta vez por un monto de US$9.0 millones.
No obstante, se podría decir que la República Dominicana establece negociaciones formales con el FMI a inicios de los años ochenta. Para entonces, el país atravesaba una de las más graves crisis económicas de toda su historia, provocada por el deterioro de sus cuentas externas, caída de los ingresos fiscales y, por tanto, en la contracción de la actividad económica y el aumento del desempleo y de las presiones inflacionistas. La gran cantidad de recursos externos que se requerían para cerrar la brecha exterior no estaba disponible en el mercado financiero internacional, debido a que los bancos comerciales extranjeros habían cerrado sus ventanillas a los países latinoamericanos después de la noticia mexicana de suspender el pago de la deuda externa por motivo de liquidez en agosto de 1982. En aquellos años la economía mundial conoció una de sus mayores volatilidades en las tasas de interés.
Para obtener el préstamo de Facilidad Ampliada el país recibiría la suma de 404 millones de dólares equivalentes al 405% del monto de la cuota del país en el FMI, que era de 82.5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), desembolsados trimestralmente durante un periodo de tres años. Adicionalmente, se recibirían US$44.9 millones bajo la ventanilla de Facilidades Compensatorias (que se utiliza cuando los ingresos de exportaciones declinan debido a factores temporales fuera de control gubernamental) y bajo la ventanilla de Servicios de Asistencia Reguladora, recibiría US$17.6 millones para financiar la acumulación de existencias en circunstancias de baja cíclica de la demanda mundial. El monto por estas fuentes sería de US$466.5 millones.
Para obtener el préstamo de Facilidad Ampliada, el Gobierno Dominicano firmó lo que se conoce como la «Carta de Intención», acompañada de un «Memorando sobre Política Económica», en donde se establecen propósitos y metas. En ese sentido el Gobierno se comprometió a elevar el nivel de inversiones, alentando la inversión privada en la agricultura y en la industria manufacturera orientada hacia la exportación y el turismo. Con tal fin, se instrumentó una combinación de políticas apropiadas en el campo fiscal y monetario, así como una mejora en la asignación de recursos, esperando que el déficit de cuenta corriente de Balanza de Pagos del país se redujera del 5.5% del PIB en 1982, al 3% del PIB en 1983 y en 2.5% en 1985. Entre las medidas fruto del primer acuerdo con el FMI se restringió el crédito del Banco Central al sector público, un tope al gasto corriente mensual de 72 millones, el traspaso de los precios del petróleo al mercado libre de divisas, el incremento del ITBIS y el 30% ad valoren adicional.
Es claro que el acuerdo de Facilidad Ampliada fracasó en cuanto a los objetivos y metas cuantitativas. No logró estabilizar el tipo de cambio ni el nivel de precios. Por ello, el 24 de mayo de 1984 se dio a conocer la suspensión de las relaciones con el FMI, estructurándose en cambio un «Acuerdo Sombra (puente)» con la comunidad financiera internacional, basándose en medidas con perspectivas de largo plazo. La idea era obtener un préstamo temporal con el Tesoro de los Estados Unidos hasta tanto el Fondo nos concediera un crédito con el cual se liquidaría dicho préstamo. Las medidas incluyeron modificaciones en los precios de los hidrocarburos, un alza del ad valorem para fines de liquidación de las importaciones a una tasa de 2 x 1 y un aumento de 10 pesos por persona por concepto de uso de los aeropuertos. Para compensar esta alza, se dispuso que la tarifa eléctrica no aumentase.
Fue así como la República Dominicana firmó un acuerdo tipo Stand By en 1985, con las medidas de «unificación cambiaria». Entre las famosas medidas del 23 de enero de 1985 se encuentra que el Banco Central sólo otorgaría divisas para el pago de la deuda y las importaciones de petróleo, que el mercado oficial sólo se nutriría por las divisas generadas por las exportaciones tradicionales, de los préstamos externos y de las donaciones provenientes del exterior; un impuesto de 3% sobre las exportaciones tradicionales y de un 5% sobre las no tradicionales para evitar una excesiva monetización; la congelación del crédito del Banco Central al Gobierno; y el establecimiento de un encaje marginal del 100% sobre los nuevos depósitos de los bancos comerciales, quedando suspendidos los adelantos y redescuentos del Banco Central.
Entre 1986 y 1990 el gobierno ejecutó un programa de inversiones públicas que tuvieron que ser financiadas con recursos inflacionarios provenientes del Banco Central, lo cual incentivó la actividad económica, aumentando el PIB un 10.1% en 1987 y en 4.4 en 1989. El «pacto de solidaridad económica» buscaba formalizar la unificación de la tasa de cambio; congelar la expansión del crédito interno; incrementar los ingresos fiscales; reorientar y racionalizar el gasto público; realizar una reforma arancelaria que redujera los niveles tarifarios; y crear mecanismos sociales compensatorios, ante los aumentos de las tasas de interés. Así en octubre de 1990 el gobierno dominicano inició las negociaciones para un acuerdo Stand By con el FMI.
Se argumenta con propiedad que la mejor forma de medir el éxito o fracaso de los programas del Fondo es considerar si logran el objetivo general de restablecer la viabilidad de la balanza de pagos. Sin embargo, si bien en el último acuerdo del FMI la balanza comercial y la cuenta corriente experimentaron ligeras mejorías en 1991, al reducirse ambos déficits en US$78.2 y US$122.3 millones, respectivamente, los resultados fueron asombrosos. La inflación descendió de 79.2% en 1990 a 7.90 en 1991. La tasa de cambio se redujo de 16 x 1 en septiembre de 1990 a 13.7 en diciembre de 1991 y a 12.8 en diciembre de 1992, permaneciendo estable durante la mayor parte de 1993. La tasa de interés preferencial efectiva sobre préstamos de los bancos se desplomó desde 49% en diciembre de 1990 a 26.4% en diciembre de 1991. Las tasas de interés pasivas (las que pagan los bancos por certificados de depósitos o financieros) descendieron de 36 a 18% en el mismo periodo. Y el sector público redujo su déficit de un nivel de 5.1% del PIB en 1990 a 0.8% en 1991, una reducción superior a la que esperaba el FMI, que aspiraba a un 2.1% del PIB, eliminándose la emisión de dinero inorgánico para cubrir déficit públicos.
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El autor es economista y profesor universitario.
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