El éxito del plan de la Superintendencia de Seguros para lograr la devolución de decenas de costosos vehículos que habían sido robados, recuperados por la Policía Nacional y retenidos para provecho particular de oficiales de ese cuerpo, debe ser el punto de partida para acciones dirigidas a desterrar prácticas que desacreditan la autoridad.

Debe ser, en prima fase, el motor que mueva la inercia del Ministerio Público para que los autores de esta retención y quienes les autorizaron o apañaron, paguen las consecuencias previstas por nuestras leyes para el abuso de poder y los agravantes que conciernen al usufructo de propiedad ajena.

En el caso que nos ocupa, el escándalo está dado por el hecho de que se trata de vehículos de alto valor, que no fueron devueltos a sus dueños a pesar de que fueron insistentemente reclamados por la Cámara Dominicana de Aseguradores, que por cierto, se ha quejado de que la anterior jefatura policial jamás hizo caso de sus reclamos.

Pero la ocasión es propicia para una profilaxis que permita detectar la propiedad de decenas, quizás cientos, de otros vehículos de menor valor, sobre todo motocicletas, que están en manos de agentes policiales. Para la jefatura de la Policía deberá ser fácil investigar la legitimidad de la posesión de cada uno de los vehículos en poder de policías.

Cuando una autoridad recupera propiedades robadas a terceros y las retiene para su provecho particular comete un crimen previsto y sancionado por nuestros códigos, y pasar eso por alto sería una falta grave a la ley.

El momento es propicio para hacer públicas listas de todos los vehículos de motor recuperados por la Policía a nivel nacional, para dar oportunidad de que sus propietarios puedan reclamarlos, previa demostración de propiedad.

También es necesario que sean requeridos a la Policía y puestos a resguardo del Ministerio Público todos los bienes de terceros que tenga en su poder y que respondan a la condición de cuerpo de delito.

Nadie está autorizado para exonerar de castigo aquello que la ley castiga, y mucho menos en casos de abuso de autoridad.

Delincuencia

El problema con la delincuencia y la criminalidad no es que hayan aumentado, sino que se ha permitido que aumenten.

Quienes persiguen el delito probablemente lo han alimentado sobre la base de no castigarlo.

Muchos casos de delincuentes o de personas sospechosas de serlo se desnaturalizan en la investigación policial o se «resuelven» extemporáneamente, de manera extrajudicial. Así, muchos delincuentes vuelven a las calles, a sus habituales acosos contra la sociedad. Ningún caldo es mejor para cultivar delincuencia que la falta de castigo, la falta de integridad en la aplicación de la ley.

Por eso hay barrios en los cuales los ciudadanos pacíficos y de trabajo están a la defensiva y no sienten que estén protegidos por la autoridad. El delincuente capturado hoy por haber cometido algún desmán, es visto al poco tiempo tan campante como el personaje publicitario de un whisky muy conocido. Definitivamente, la delincuencia no ha crecido sola.