Parece que el PLD, la JCE y sus aliados de ocasión pretenden transformar la realidad político-electoral dominicana en base a falacias repetidas infinitamente por los medios de comunicación que controlan o pagan, con que inundan la vida pública con los dineros del pueblo. Todos los que hemos pasado los últimos años en afanes electorales, sabemos perfectamente la magnitud del riesgo que corre la sociedad dominicana con las normas decretadas por una mayoría mecánica de la JCE para el futuro político y social del país.
El presidente de la JCE ha gastado lo indecible para crear una imagen de idoneidad y credibilidad que pretende usar para que se acepten condiciones totalmente inaceptables para la oposición poder ejercer su derecho inalienable a verificar las etapas críticas de participación universal y escrutinio de las votaciones dentro y fuera del país.
No puede olvidarse el fraude descarado que tuvo lugar en las elecciones del 1994, ni otro más sutil pero efectivo en las elecciones del 1996, por un padrón contaminado que solo se pudo limpiar con la nueva cedulación con fotografía integrada que se produjo en 1999-2000, con la oposición del PLD.
Sabemos que en el 2004 se generaron sospechas acerca de la idoneidad de ese proceso electoral; y el PRD y el Presidente- candidato de entonces, Hipólito Mejía, dieron facilidades para que todos los que quisieran vinieran a observar los comicios, incluyendo una amplia Comisión de USAID y de otros países, sin limitaciones.
Entre los asesores principales de la JCE figuran hombres como Joel Lantigua y Armando García, que participaron en las elecciones fraudulentas del 1994, el primero impidiendo que los partidos supervisaran los materiales enviados a los colegios electorales, entre los cuales estaba el padrón falseado que excluyó a centenares de miles de perredeístas, luego recuperado en el 2004 “como préstamo”, tras su designación en la Cancillería, antes de designarlo nueva vez en la Dirección de Elecciones de esa entidad.
Las leyes Orgánica Electoral y de Partidos Políticos no se han aprobado porque el PLD, que domina el Congreso Nacional, no lo permitió, por razones inconfesables; pero la actual Ley 275-97 es suficiente para proteger el sufragio electoral.
No importa que tengamos un Secretario General de la OEA complaciente con el poder (Almagro), que nos recuerda por su nacionalidad al inefable José Antonio Mora de la Guerra de Abril del 1965; Agripino Núñez olvidó su función tradicional de mediador para apoyar que “dejen trabajar” a la JCE, para que su presidente haga lo que le venga en ganas, al margen de la Constitución y las leyes; ni que las bocinas reeleccionistas repitan que quieren desmantelar los equipos de automatización. La sociedad civil y los organismos internacionales apoyan que se cumpla la ley.
No existen sistemas electrónicos inmunes al jaqueo de la identificación y del conteo en unas elecciones. Por eso en la inmensa mayoría de los países, incluidos los desarrollados, no aceptan la automatización, mucho menos cuando son auditados y escogen muestras los mismos jueces.
No hay otra forma de elegir democráticamente que obedeciendo a la ley, que obliga a identificar a todos los electores y a que se escrutinen los votos manualmente en los colegios electorales.
¡Que se cumpla la ley y se cuenten los votos!